El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados, Manuel Meccariello, valoró positivamente el anuncio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre la implementación de cámaras corporales en más de 8,000 agentes de la Policía Nacional, destacando que esta tecnología puede ayudar a prevenir abusos y mejorar la supervisión de las actuaciones policiales.

Meccariello afirmó que la ampliación del uso de estos dispositivos representa un avance para garantizar la transparencia, fortalecer la confianza ciudadana y proteger los derechos humanos durante los operativos de seguridad. Expresó su respaldo a las medidas anunciadas por Raful y al esfuerzo del Gobierno por incorporar herramientas tecnológicas que vigilen el comportamiento de los agentes.

El representante del Observatorio subrayó que la transparencia es esencial para consolidar el Estado de derecho y garantizar la protección de las personas. Sin embargo, advirtió que la efectividad de la iniciativa dependerá de que las cámaras funcionen correctamente y permanezcan activas durante las intervenciones policiales, evitando que sean apagadas de forma arbitraria.

El registro continuo de las actuaciones permitirá documentar los hechos, proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes, y facilitar el esclarecimiento de denuncias e incidentes. Meccariello enfatizó que el respeto al derecho a la vida, la integridad física y la dignidad humana debe guiar todas las actuaciones policiales, conforme a la Constitución dominicana y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, consideró que la incorporación de cámaras corporales, junto con el sistema nacional de monitoreo y vigilancia, puede contribuir a reducir los abusos y garantizar que las actuaciones irregulares sean investigadas y sancionadas de acuerdo con la ley. Exhortó a las autoridades a continuar profundizando la reforma policial y a fortalecer los mecanismos de supervisión interna.

Finalmente, Meccariello sostuvo que una Policía moderna debe asumir la responsabilidad de combatir la delincuencia, proteger la vida, respetar la dignidad de las personas y actuar con transparencia ante la sociedad.