El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este domingo que no se celebrarán más elecciones que permitan a la oposición acceder al poder, lo que intensifica las críticas internacionales sobre el deterioro de la democracia en el país. Esta declaración se produjo durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista.

Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007, aseguró que su administración evitará cualquier proceso electoral que pueda ser utilizado por sus adversarios para «atrapar el Gobierno». En su discurso, calificó a los opositores exiliados de «agazapados» y los acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico.

Control político y reformas

El mandatario anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional, que está dominada por el oficialismo, para endurecer las medidas contra quienes considera «golpistas» y «vendepatrias», asegurando que no podrán regresar al poder, sin importar el apoyo que reciban del exterior. Esta postura se enmarca en un contexto de reformas constitucionales que han modificado la estructura del Estado nicaragüense.

La reforma constitucional, que entró en vigor en febrero de 2025, eliminó el equilibrio entre los poderes públicos y otorgó mayores atribuciones al Ejecutivo, encabezado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta tras la reforma. Entre los cambios se incluye la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y la creación oficial de la figura de la copresidenta.

Estas modificaciones han sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y varios gobiernos, que consideran que consolidan un sistema sin contrapesos democráticos. La ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo han expresado su preocupación por el creciente control del poder político en Nicaragua.

Estados Unidos ha cuestionado la designación de Murillo como copresidenta, argumentando que no surgió de un proceso electoral libre y democrático. Además, ha denunciado que el Gobierno nicaragüense ha restringido el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.