La Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau y el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Moscta) propusieron este miércoles impugnar la Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), argumentando que esta norma deroga efectivamente disposiciones del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que afecta a miles de trabajadores beneficiados por dicho proceso.

Ambas organizaciones explicaron que el PNRE, aprobado por el Consejo Nacional de Migración el 23 de noviembre de 2013 y formalizado mediante el Decreto 327-13, permitió la regularización de personas en condición migratoria irregular que cumplieron con los requisitos establecidos entre junio de 2014 y febrero de 2015. Sin embargo, advierten que la nueva resolución introduce condiciones no contempladas originalmente, lo que genera una “derogación material” que impacta la continuidad del estatus migratorio de los beneficiarios.

Entre los más afectados se encuentran antiguos trabajadores cañeros, obreros agrícolas, empleados de la construcción, trabajadoras domésticas y vendedores informales, muchos de los cuales tienen décadas de arraigo en el país y participaron en procesos de regularización impulsados por el Estado. En particular, los exobreros cañeros, muchos de ellos mayores de 60 años, enfrentan dificultades para cumplir con los nuevos requisitos laborales.

Las organizaciones cuestionan la viabilidad de exigir nuevos contratos laborales como condición para renovar el estatus migratorio, señalando que resulta inviable debido a la edad y las condiciones laborales actuales de estos trabajadores. Además, destacan que en sectores como la agricultura y la construcción predominan la informalidad y el trabajo por obra, lo que choca con los requisitos de continuidad laboral establecidos en la nueva resolución.

Asimismo, las trabajadoras domésticas, que históricamente han operado sin contratos formales ni registro en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), también se verían perjudicadas. La resolución establece que el permiso TT-1 no autoriza ciertas actividades económicas, lo que podría llevar a la cancelación del estatus migratorio o incluso a procesos de deportación en caso de incumplimiento.

Las organizaciones advierten que, en la práctica, la Resolución DGM-001-2026 podría excluir a beneficiarios del PNRE del sistema migratorio, a pesar de haber cumplido con los procesos de regularización. Esto abre un debate jurídico y constitucional sobre la relación entre el PNRE y la nueva normativa migratoria, ya que podría contradecir derechos adquiridos y disposiciones previas del Estado.

La Red Jacques Viau y el Moscta consideran que esta situación podría ser objeto de una impugnación administrativa o constitucional, fundamentada en la Constitución, la Ley 285-04 sobre Migración, el Decreto 327-13 y criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.