La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc) presentaron este miércoles una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la paralización y reubicación del proyecto Manzanillo Gas & Power, ubicado en Montecristi, debido a su proximidad con el Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Las organizaciones pidieron una medida cautelar para detener las obras, argumentando que estas afectan el área protegida donde se planea construir dos plantas de generación eléctrica que suman 860 megavatios utilizando gas natural licuado. Además, solicitaron que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, sea procesado por su papel en la instalación de las plantas en esta zona.
Demandas legales y consecuencias ambientales
En la querella, las entidades exigen una condena de 10 años de prisión para el funcionario y una medida de coerción real de 50 millones de dólares, o su equivalente en pesos dominicanos, para garantizar la restauración de aproximadamente 575 mil metros cuadrados de vegetación afectada. Las organizaciones sostienen que las obras se encuentran a solo 55 y 119 metros del núcleo de manglares del parque, lo que podría generar impactos negativos en el ecosistema.
Las denuncias incluyen el riesgo de emisiones contaminantes, el vertido de aguas residuales y el aumento de la temperatura del agua en la bahía de Manzanillo, así como el relleno de humedales y lagunas para la construcción del puerto y el gasoducto asociados al proyecto. Estos cuerpos de agua son parte de un sistema costero-marino protegido por la Convención Ramsar.
Inversión y regulaciones ambientales
El proyecto, que representa una inversión superior a los 1,750 millones de dólares, contempla la instalación de dos plantas de generación eléctrica con una capacidad total de 860 megavatios. Las organizaciones fundamentan su querella en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, entre otras normativas relacionadas con la protección ambiental.
Asimismo, mencionaron las conversaciones mantenidas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), donde se reconoció que el proyecto se sitúa en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. El BID atribuyó a las autoridades dominicanas la decisión de desarrollar el proyecto en esa ubicación y utilizar gas natural licuado como combustible.
Las organizaciones reiteraron su demanda de que el proyecto sea trasladado a un lugar fuera de la zona de amortiguamiento del parque nacional para evitar daños irreparables al ecosistema.
