Organizaciones ambientales y representantes comunitarios de Manzanillo pidieron la suspensión de la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, argumentando que afectan la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. La solicitud fue presentada el viernes ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi.

Los querellantes, respaldados por entidades como el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), piden que el consorcio Manzanillo Gas & Power, S. A. y sus ejecutivos respondan por los daños ambientales que alegan en su documento.

Además, solicitan al Ministerio Público que gestione una medida cautelar para detener los trabajos mientras se analizan los señalamientos de la querella. También reclaman una indemnización de US$200 millones por los daños y perjuicios atribuidos al consorcio y sus obras en la zona.

Entre las solicitudes se incluyen penas de diez años de prisión para Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, identificados como administrador y secretaria del consorcio, respectivamente. Esta es la segunda acción judicial presentada en relación con las plantas, que funcionarán con gas natural licuado y cuya inversión supera los US$1,750 millones.

La primera querella fue depositada el 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República, donde se solicita procesar al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, por su supuesta responsabilidad en la instalación de las plantas en el área protegida.

Los querellantes acusan al consorcio de haber destruido aproximadamente 575,000 metros cuadrados de vegetación entre octubre y noviembre de 2022, alegando que estos trabajos se realizaron sin los estudios correspondientes ni licencia ambiental. También se denuncia la construcción sobre humedales y lagunas que forman parte del sitio Ramsar número 2497.

Las organizaciones advierten que la construcción y operación de las plantas podrían dañar el ecosistema de la bahía de Manzanillo y el parque nacional, que alberga una extensa zona de manglares. Destacan la importancia de estos ecosistemas para la reproducción de especies marinas y la protección de la línea de costa.

La querella cita varias leyes dominicanas y disposiciones constitucionales, así como la Convención Ramsar, en sus acusaciones y solicitudes de sanciones. Estas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.