El expresidente Leonel Fernández llamó a la unidad nacional para proteger la producción arrocera de la República Dominicana ante los desafíos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Fernández hizo este llamado durante un encuentro con arroceros en La Vega, donde cuestionó al Gobierno por presentar medidas sin consultar previamente a los agricultores.
Durante el encuentro en Jima, Fernández enfatizó que «los dominicanos debemos unificarnos para buscar la mejor solución que proteja a los productores de arroz». Criticó la forma en que el Gobierno abordó las preocupaciones de los productores en una reciente reunión en el Palacio Nacional, donde se les presentaron medidas sin un proceso de consulta adecuado.
El exmandatario manifestó que el error de la reunión en el Palacio fue que los productores fueron convocados solo para recibir instrucciones. «Así no funciona, porque es una decisión de arriba hacia abajo», afirmó. Fernández subrayó que las soluciones deben ser construidas con la participación directa de los agricultores.
En este contexto, anunció que propondrá la creación de un equipo técnico de la Fuerza del Pueblo para escuchar a los productores y recoger sus propuestas, con el fin de contribuir a una respuesta nacional que proteja la producción arrocera.
Además, planteó la necesidad de mejorar la productividad mediante la mecanización, la incorporación de tecnología, la capacitación y el acceso a financiamiento. Sin embargo, advirtió que estas medidas requieren recursos y una planificación adecuada.
Fernández cuestionó el anuncio del Gobierno sobre un fondo especial, señalando que no se precisó su monto ni se estableció un calendario de ejecución. Afirmó que el presupuesto destinado al sector agropecuario para 2027 es inferior al de 2026, indicando que «en una situación donde se requiere más, le están dando menos».
Dificultades del sector arrocero
Durante el encuentro, el productor Marino Gómez advirtió que en Jima se cultivan aproximadamente 181,000 tareas de arroz y que la desaparición de esta actividad tendría graves consecuencias para la economía de la zona y la seguridad alimentaria nacional. Gómez también denunció que en 2024 ingresaron al país alrededor de 4.2 millones de quintales de arroz, lo que saturó las factorías y dificultó la comercialización de la producción local.
Asimismo, alertó sobre la carga tributaria que enfrentan los pequeños agricultores y el aumento de los costos de los insumos agrícolas, lo que agrava aún más la situación del sector arrocero en el país.
