Un informe del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha revelado que municiones dominicanas han sido encontradas en manos de bandas criminales en Haití, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional de la República Dominicana. El documento, divulgado en octubre de 2026, indica que 25 cartuchos de fusil calibre 5.56 × 45 milímetros incautados en Haití estaban marcados con las siglas «ERD» (Ejército de República Dominicana) y fueron fabricados en 2022. Esta situación sugiere que las armas adquiridas con fondos públicos dominicanos están siendo utilizadas por grupos delictivos en el país vecino.

Los investigadores de la ONU encontraron que las municiones provenían de contratos firmados entre el Ministerio de Defensa dominicano y la empresa estatal colombiana Indumil. La confirmación de que estas municiones fueron compradas recientemente resalta la gravedad del problema, ya que no se trata de armamento antiguo, sino de material bélico adquirido para la defensa nacional que ahora alimenta la violencia en Haití.

Reacciones y consecuencias

A pesar de la gravedad de los hallazgos, algunos funcionarios dominicanos han intentado desviar la atención hacia otros aspectos del informe. La Cancillería y el Ministerio de Defensa argumentaron que algunos proyectiles analizados eran de fabricación dominicana de la década de 1950, lo que no aborda la cuestión central de cómo municiones recientes han llegado a manos de criminales haitianos.

El exministro de Defensa, mayor general retirado Sigfrido Pared Pérez, destacó que las municiones marcadas como «ERD» son exclusivamente de adquisiciones posteriores a 2013, lo que incluye las compras a Indumil en 2022. Además, el informe de la ONU señala que el gobierno dominicano no ha proporcionado información sobre a qué unidades del Ejército se asignaron esos lotes de municiones.

La situación se complica aún más por el escándalo de la Reserva de Armas de la Policía Nacional, donde se descubrió que miles de cartuchos habían sido sustraídos y vendidos en el mercado negro. La auditoría realizada en 2024 reveló la desaparición de más de 900,000 artículos de los arsenales policiales, lo que indica una grave falla en los mecanismos de control y custodia de las armas.

Implicaciones para la seguridad nacional

La Operación Pandora, llevada a cabo por el Ministerio Público, expuso una red criminal dentro de la Policía Nacional que facilitaba el contrabando de armas hacia Haití. El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas, fue arrestado por su implicación en el tráfico de municiones, lo que pone de relieve la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad.

El costo geopolítico de esta vulnerabilidad se está sintiendo, ya que la República Dominicana enfrenta críticas internacionales que cuestionan su capacidad para controlar el tráfico de armas. Esto ha llevado a propuestas de embargo de armas en su contra, lo que podría afectar la posición del país en la comunidad internacional.

Para restaurar la confianza, es imperativo que el Gobierno dominicano actúe con transparencia, revelando qué unidades recibieron las municiones y sometiendo a auditoría todos los arsenales de las fuerzas armadas y policiales. La situación actual exige una respuesta contundente para proteger la seguridad nacional y la integridad del país.