La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) rechazó este miércoles la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20) aprobada por el Senado, argumentando que impone nuevas cargas económicas al sector comercial sin estudios técnicos que las avalen.

La ONEC indicó que las empresas aún están evaluando el impacto de recientes medidas tributarias y que esta nueva disposición representa un costo adicional, presentado como una contribución ambiental. La organización cuestionó la práctica de aprobar políticas públicas sin considerar sus consecuencias económicas ni consultar a los sectores afectados.

Preocupaciones sobre el uso de recursos

La entidad expresó su preocupación por el destino de los recursos recaudados a través de la contribución especial, enfatizando que estos fondos deben destinarse a objetivos ambientales específicos y no a cubrir necesidades presupuestarias de los gobiernos locales. Además, recordó que la Ley 166-03 establece que los ayuntamientos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para sus funciones, sugiriendo que el enfoque debería ser mejorar ese mecanismo en lugar de redirigir fondos ambientales.

La ONEC también criticó el proceso de aprobación de la modificación legislativa, señalando que se llevó a cabo de manera acelerada y sin la consulta técnica adecuada. La organización reafirmó su apoyo a la gestión correcta de los residuos, pero subrayó que no puede aceptar que cada nueva ley implique un costo adicional para el sector comercial.

La situación refleja una creciente tensión entre las políticas ambientales y las necesidades económicas del sector, lo que podría tener repercusiones significativas en la operación de las empresas comerciales en el país.