El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su desacuerdo con la aprobación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que se realizó el miércoles mediante una declaratoria de urgencia y en dos lecturas consecutivas. Esta ley incluye cambios en los montos a pagar por personas físicas y entidades.

En un comunicado, el Conep señaló que el uso frecuente de la declaratoria de urgencia debilita el debate legislativo y limita la participación de los sectores interesados, lo que reduce las oportunidades para construir reformas efectivas. La entidad argumentó que, en lugar de acelerar el proceso, es necesario ampliar el diálogo y la consulta técnica.

La referencia al «golpe de bolsón» se relaciona con modificaciones aprobadas en 2025 a la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos, que también generaron críticas por la falta de un proceso de discusión adecuado. En esta ocasión, el Senado aprobó el proyecto de ley en una sesión extraordinaria, lo que ha suscitado preocupaciones entre diversos sectores.

Entre las modificaciones, se prohíbe la importación de productos de foam, como sorbetes y utensilios de plástico, que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Además, se realizan cambios en la Ley núm. 98-25, que regula la gestión integral de los residuos sólidos en el país.

La nueva normativa establece que todas las personas jurídicas y entidades gubernamentales deberán pagar una contribución especial obligatoria basada en sus ingresos anuales, con el fin de crear un fondo que mitigue los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrolle un sistema integral de gestión.

Los aportes se calcularán de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de cada entidad. Esta medida busca abordar de manera más efectiva los desafíos que presenta la gestión de residuos en la República Dominicana.