El descubrimiento de más de 18,000 plantas de marihuana en las montañas del sur del país ha generado una controversia entre las provincias de Ocoa y Azua sobre la ubicación exacta del cultivo. Mientras algunos comunitarios afirman que la plantación se encontraba en Azua, el Ministerio Público de Ocoa sostiene que la geolocalización indica que el terreno pertenece a su jurisdicción.

El fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, aseguró que las autoridades utilizaron equipos GPS para determinar la ubicación precisa de los cultivos, descartando cualquier duda sobre la jurisdicción. «Nosotros tenemos aparatos con los que localizamos la ubicación y pudimos determinar que se encuentra en la jurisdicción de Ocoa», explicó Valdez.

El fiscal atribuyó las discrepancias a la complejidad geográfica de la zona, donde convergen territorios de varias provincias. «La gente hace señalamientos empíricos en cuanto a las delimitaciones geográficas», añadió, enfatizando la importancia de utilizar tecnología precisa para establecer los límites.

El primer hallazgo se realizó en la comunidad de Sabaneta, en el sector Los Corozos, mientras que el segundo fue en la localidad de La Cueva, ambas en el distrito municipal El Pinar. Valdez reiteró que, aunque la zona es limítrofe con Azua y Jarabacoa, los cultivos pertenecen a San José de Ocoa.

Las condiciones del terreno han presentado desafíos significativos para los investigadores. Para llegar al primer punto donde se encontraron las plantas, el equipo tuvo que caminar aproximadamente cinco kilómetros tras finalizar el trayecto vehicular. En el segundo lugar, el acceso fue aún más complicado, requiriendo un trayecto de cinco horas en vehículo por caminos difíciles.

Ante la situación, el Ministerio Público ha planteado la necesidad de aumentar la vigilancia en la zona para prevenir futuros cultivos ilegales. Valdez destacó que la vigilancia aérea sería una solución efectiva, dado que las montañas son atractivas para actividades ilícitas debido a su difícil acceso.

Las autoridades han detenido a tres personas en relación con el caso y el Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción. Sin embargo, Valdez indicó que la investigación continúa, ya que los arrestados no parecen ser los principales financiadores de la operación.

El objetivo de las autoridades es identificar a quienes están detrás de la estructura económica que permitió el establecimiento de los cultivos en esta área remota. «Vamos a continuar investigando para presentar ante los tribunales a quienes realmente estén detrás de esa acción», concluyó Valdez.