La aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión, especialmente en relación con las disposiciones sobre difamación e injuria digital, que han sido criticadas como una «ley mordaza». Este contexto exige una revisión del texto aprobado, ya que su redacción imprecisa podría dar lugar a interpretaciones subjetivas que amenazan el derecho a la información.

Las recientes reuniones entre sectores de la comunicación, periodistas e influenciadores con el Poder Ejecutivo reflejan la urgencia de salvaguardar la libertad de prensa. Esta concertación en el Palacio Nacional responde a un clamor de la sociedad dominicana por evitar la criminalización del ejercicio de la crítica social.

Libertad de expresión y delitos comunes

Es fundamental distinguir entre el ejercicio de la libre expresión y la comisión de delitos como el chantaje y la extorsión digital, que deben ser severamente castigados. La intervención del derecho penal es justificada en estos casos, ya que atentan contra la libertad de determinación y la propiedad.

El artículo 49 de la Constitución dominicana consagra la libertad de expresión como un pilar del Estado Social y Democrático de Derecho. La crítica hacia la gestión pública y la fiscalización del poder político son esenciales para el control social, y cualquier intento de criminalizar la opinión pública con penas de prisión es desproporcionado.

Las leyes no deben convertirse en un escudo para la transparencia institucional ni para proteger la reputación de los funcionarios públicos, quienes están siempre bajo el escrutinio de una ciudadanía que exige cuentas claras sobre el manejo del patrimonio colectivo.

Recomendaciones para el Congreso

La doctrina constitucional y los precedentes de la alta corte sugieren que la vía civil es más adecuada para reparar daños al honor, ya que el uso de la cárcel para silenciar el disenso inhibe el periodismo de investigación. Por lo tanto, es crucial que el Tribunal Constitucional actúe para eliminar cualquier norma que atente contra estos principios.

Ante esta situación, se recomienda a las cámaras legislativas corregir la redacción del Código Penal de inmediato. Es preferible que el legislador enmiende estos errores a que la alta corte se vea obligada a declarar inconstitucionales ciertos artículos, lo que podría desarmar una ley que ha requerido tanto sacrificio y espera para el país.