El municipalista y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Féliz, advirtió que el proyecto de ley sobre intermediación inmobiliaria aprobado en el Senado es insuficiente para abordar los problemas del sector, al omitir aspectos clave como la convivencia en condominios y la regulación de las rentas cortas tipo Airbnb.
Féliz valoró positivamente la iniciativa legislativa que busca profesionalizar a los intermediarios inmobiliarios mediante licencias y formación legal, pero sostuvo que no logra reducir las estafas inmobiliarias. Aseguró que el proyecto es incompleto, ya que deja fuera a los vendedores particulares, quienes pueden seguir comercializando propiedades sin regulación.
El experto municipal señaló que, aunque se pretende controlar la actividad de intermediación, tanto propietarios individuales como abogados podrían continuar realizando operaciones sin necesidad de licencias, limitando así el impacto real de la normativa.
Féliz insistió en que el mayor desafío actual está en la convivencia dentro de los condominios, especialmente ante el crecimiento de grandes complejos habitacionales en zonas urbanas. Propuso fusionar la iniciativa legislativa con otro proyecto en la Cámara de Diputados que plantea la creación de una Superintendencia de Condominios.
Esta entidad permitiría una regulación integral que abarque no solo la intermediación inmobiliaria, sino también la administración de condominios, el manejo de áreas comunes, la tenencia responsable de mascotas y la supervisión de las rentas cortas. Féliz subrayó que plataformas como Airbnb y Booking.com han generado conflictos de convivencia debido al flujo constante de inquilinos temporales.
El municipalista indicó que no se trata de prohibir las rentas cortas, sino de regularlas, estableciendo controles de acceso, registro de huéspedes y aportes económicos para seguridad e infraestructura dentro de los condominios. También alertó sobre la existencia de miles de viviendas construidas por el Estado que carecen de títulos de propiedad.
Féliz concluyó que, ante el crecimiento acelerado de proyectos residenciales de gran escala, el país podría enfrentar en los próximos años una crisis de convivencia urbana si no se adoptan medidas integrales.

