La República Dominicana enfrenta un grave problema de caos vial y seguridad debido al creciente número de motocicletas, que alcanzó las 3,922,738 unidades al cierre de marzo de 2026. Este fenómeno, que comenzó como una alternativa de transporte económica, se ha convertido en una epidemia social que afecta tanto la salud pública como la paz ciudadana. En el primer trimestre de este año, se registraron 76,044 nuevas motocicletas, lo que sugiere que para diciembre se podrían sumar más de 300,000 unidades a las calles.

La Ilegalidad y el Desorden

Un dato alarmante es que el 99.5% de los motoristas opera sin licencia Categoría 01, lo que significa que casi 4 millones de personas manejan vehículos motorizados al margen de la ley. Según el INTRANT, solo el 26.8% del parque de motocicletas está regulado. En el Distrito Nacional, la situación es crítica, ya que de 772,371 motos, solo el 11.04% está registrada oficialmente.

Las motocicletas han dejado de ser solo herramientas de trabajo; para muchos jóvenes, se han convertido en instrumentos de apuestas en carreras clandestinas, donde se manejan sumas de hasta 100,000 pesos por competencia. Las «Rutas de la Muerte», como la Autovía del Este y la Autopista 6 de Noviembre, se han transformado en escenarios de estas prácticas ilegales, donde los motoristas corren a velocidades extremas, poniendo en riesgo sus vidas y las de otros.

Impacto en la Salud y la Seguridad

La República Dominicana lidera en muertes viales en América, con más de 3,000 fallecidos al año, de los cuales el 70% viajaba en motocicletas. Los hospitales traumatológicos, como el Ney Arias Lora y el Darío Contreras, están saturados, con más del 60% de sus camas ocupadas por motoristas accidentados. Este gasto en atención médica drena los presupuestos públicos, desviando recursos que deberían destinarse a la salud preventiva.

La inseguridad también ha aumentado, con un incremento de asaltos motorizados que generan un estado de paranoia en la población. Las autoridades han respondido con incautaciones masivas, obligando a los propietarios a pagar multas para recuperar sus vehículos, una medida que muchos consideran más recaudatoria que correctiva.

En provincias como Elías Piña y Dajabón, el problema se complica por la entrada de motocicletas procedentes de Haití, muchas de ellas en condiciones deplorables y utilizadas para actividades ilícitas. La falta de control y registro hace que estos vehículos sean difíciles de rastrear, lo que agrava la situación de seguridad en el país.

A pesar de que la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha señalado que el 65% de los siniestros involucran motocicletas, la percepción ciudadana es de abandono. Las «turbas» de motoristas que intimidan a otros conductores tras incidentes menores son cada vez más comunes, lo que refleja una «ley de la selva» que fractura la convivencia social.

La República Dominicana se enfrenta a un desafío significativo con un parque de motocicletas que supera los 4 millones. Sin una política efectiva que incluya un registro biométrico obligatorio y educación vial, las motocicletas seguirán siendo una amenaza en las calles, con un alto costo en vidas humanas.