La necesidad de garantizar un derecho a morir con dignidad en República Dominicana se hace evidente ante la realidad de muchas familias que enfrentan la angustia de no poder costear un ataúd o los gastos funerarios de un ser querido. En 2025, se registraron 43,032 defunciones en el país, y detrás de cada cifra hay historias de dolor y dificultades económicas que afectan a los sectores más vulnerables.

La pobreza no solo se refleja en la falta de alimentos o en la imposibilidad de pagar el alquiler, sino también en la incapacidad de despedir dignamente a los fallecidos. Al cierre de 2025, el 17.3% de la población dominicana vivía en condiciones de pobreza monetaria, mientras que un 2.2% enfrentaba pobreza extrema, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía.

La pérdida de un ser querido puede convertirse en una carga insostenible, especialmente para quienes no cuentan con los recursos necesarios. Preguntas como qué hacer cuando se pierde al principal proveedor de la familia o cómo afrontar los gastos funerarios sin apoyo son comunes en estas situaciones.

El Estado dominicano, a través del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), ofrece servicios funerarios y ha reportado 2,139 servicios con algún tipo de exoneración durante el cuarto trimestre de 2024, por un monto total de RD$28.58 millones. Sin embargo, es fundamental evaluar si esta asistencia tiene el alcance y la accesibilidad que requieren las familias más necesitadas.

No debería ser necesario conocer a un funcionario o recurrir a la solidaridad pública para obtener ayuda en momentos tan difíciles. Es imperativo fortalecer una política de asistencia funeraria que garantice atención oportuna y criterios claros de vulnerabilidad, incluyendo la provisión de ataúdes, transporte y servicios básicos de sepultura.

Además, es crucial contar con estadísticas nacionales que permitan conocer cuántas familias solicitan y reciben este tipo de ayuda, así como aquellas que quedan sin respuesta. La dignidad humana no debe terminar con la vida, y una sociedad justa no puede permitir que el dolor se convierta en una solicitud pública de auxilio.

El objetivo no es ofrecer lujos ni ceremonias costosas, sino asegurar que la pobreza no impida a una familia despedir dignamente a sus seres queridos. La dignidad no debería depender del dinero disponible en el momento de la muerte, y es un sueño que merece ser una realidad en el país.