El Estado dominicano enfrenta una creciente necesidad de implementar inteligencia criminal digital para proteger a la niñez, tras la reciente difusión en TikTok de un video en el que un hombre hace insinuaciones sexuales a una bebé. Este incidente, que llevó a su arresto y a una investigación del Ministerio Público, revela una vulnerabilidad sistémica que no puede ser ignorada. La protección de los menores no debe depender de que alguien grabe y publique un video para que las autoridades actúen.
La situación es alarmante, ya que muchos adultos se aprovechan de la cercanía familiar y la confianza social para explotar a los niños. Casos de agresión y explotación sexual infantil han demostrado que se ofrecen incentivos a menores para permitir tocamientos y grabaciones de contenido íntimo. Estos patrones de captación y manipulación requieren una investigación especializada, ya que la reacción mediática no es suficiente y llegar tarde significa más víctimas.
Estadísticas preocupantes
Un estudio realizado en septiembre de 2026 por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL reveló que el 23% de los adolescentes dominicanos de entre 12 y 17 años sufrió violencia sexual facilitada por la tecnología en el último año, lo que representa aproximadamente 272,000 adolescentes. En el 68% de los casos, el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que subraya la necesidad de un sistema de alerta temprana y detección de perfiles de riesgo.
Las plataformas digitales juegan un papel crucial en estos incidentes, con WhatsApp concentrando el 60% de los casos, seguido de Facebook con el 35% e Instagram con el 30%. TikTok, donde se originó el video reciente, también es una de las plataformas más utilizadas por los adolescentes. La mayoría de estos hechos no son reportados a la Policía, lo que deja a muchas víctimas sin identificar.
Recomendaciones para un sistema efectivo
Las instituciones deben actuar de manera coordinada. El Ministerio Público y la Policía Nacional, especialmente DICAT y las unidades de delitos sexuales, necesitan preservar evidencia digital de inmediato y mapear cuentas vinculadas. Además, la Dirección Nacional de Inteligencia debe aportar análisis de patrones y conexiones para desarticular redes de explotación digital.
La inteligencia financiera también es esencial para rastrear pagos y transferencias relacionadas con la producción y distribución de material de explotación. Meta ha reportado haber intervenido 33.2 millones de piezas de contenido relacionado con explotación sexual infantil en sus plataformas en el primer semestre de 2026, lo que evidencia la magnitud del problema.
República Dominicana cuenta con la Ley 53-07, que tipifica el atentado sexual contra menores, y una plataforma de denuncias virtuales. Sin embargo, se necesita un sistema nacional especializado e integrado que incluya una Unidad Nacional de Alertas sobre Explotación Sexual Infantil Digital y un canal seguro de denuncias digitales. También es fundamental establecer protocolos de intercambio de información con las plataformas digitales y fortalecer las capacidades de inteligencia criminal digital.
La protección infantil debe basarse en la prevención y la detección temprana. Es imperativo que el país adapte herramientas de detección automatizada y registros de agresores que ya funcionan en otros lugares. La dependencia de que un video se haga viral para actuar es una falla que República Dominicana no puede permitirse más.
