La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revisa el proceso de licitación del Monorriel de Santo Domingo tras la impugnación presentada por el ingeniero Mariano Germán. La controversia gira en torno a la secuencia de documentos y aprobaciones necesarias antes de la convocatoria de la licitación, cuyo costo integral se estima en aproximadamente RD$58,700 millones.

El 8 de septiembre de 2025, el Comité de Compras y Contrataciones de FITRAM autorizó el procedimiento para la ingeniería de detalle y la construcción de la Fase I del Monorriel. Sin embargo, documentos posteriores del Ministerio de Hacienda y Economía revelan que el Perfil del Proyecto fue fechado el 6 de octubre de 2025, lo que plantea dudas sobre la validez de la licitación.

La documentación también menciona una «segunda remisión formal» al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que implica que debe existir una primera remisión que debe ser localizada y analizada. La falta de claridad sobre esta primera remisión y su contenido es crucial para determinar si se cumplieron las condiciones necesarias antes de la convocatoria.

El Manual General de Procedimientos Ordinarios de Contratación Pública de la DGCP establece que los proyectos de inversión pública deben tener la aprobación del Código SNIP antes de la convocatoria. Actualmente, el proyecto tiene el Código SNIP 17248, pero la pregunta persiste: ¿qué situación tenía realmente el proyecto en el SNIP en el momento de la licitación?

La impugnación sugiere que podría haber un problema de archivo o trazabilidad documental, donde un documento necesario no fue localizado a tiempo. Si se demuestra que una condición esencial se cumplió después de la convocatoria, esto podría constituir un vicio originario en el procedimiento.

Además, la certificación de fondos de RD$28,462.9 millones emitida por Fiduciaria Reservas el 5 de septiembre de 2025, cuatro días antes de la licitación, se suma a la confusión. El costo integral del proyecto admitido en el SNIP es de RD$58,672.5 millones, lo que plantea interrogantes sobre qué se está contratando en esta fase y cómo se financiará el resto del proyecto.

La DGCP tiene la responsabilidad de reconstruir la cronología del proceso, desde la planificación hasta la contratación, y determinar qué documentación existía y qué efectos jurídicos tenía cada actuación en el momento requerido. La evidencia documental sugiere que es necesario examinar la posible invalidez del procedimiento de licitación.

FITRAM debe proporcionar la primera remisión al SNIP y aclarar la cronología de los documentos. La DGCP, como órgano rector, debe investigar y pronunciarse sobre la validez del procedimiento, teniendo en cuenta que la existencia de documentos posteriores no puede subsanar una posible irregularidad en el proceso inicial.