El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, ejecutó la Operación XL526 contra una red criminal dedicada a extorsionar y estafar a residentes en Estados Unidos, obteniendo fondos para el lavado de activos. La operación resultó en el arresto de 20 personas, incluidos cinco cabecillas y seis miembros de la organización, tras 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata.

La acción contó con la colaboración de varias entidades, incluyendo la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Los integrantes de la red operaban de manera sistemática desde República Dominicana, utilizando técnicas fraudulentas para obtener fondos ilícitos.

Detalles de la Operación

Entre los arrestados se encuentran los cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, así como otros miembros como Moisés David Pichardo Aracena y Pedro Antonio Pichardo. Otras ocho personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras el Ministerio Público busca a un hombre más vinculado a la estructura.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, y lavado de activos, entre otros. La organización tenía su base operativa en el municipio Jacagua, provincia de Santiago, y estaba compuesta por individuos que dominan el inglés y emplean herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Su modus operandi incluía captar víctimas a través de anuncios publicitarios, sometiéndolas a extorsiones y chantajes según un guion elaborado por los líderes de la red. Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, como el “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a sus víctimas, enviando imágenes de crímenes como amenazas.

Los fondos obtenidos eran movidos a través de diversos mecanismos, incluyendo criptomonedas y transferencias electrónicas, con el fin de dificultar su trazabilidad y encubrir su origen ilícito. La ostentación de un estatus económico por parte de los miembros de la organización atraía a nuevos reclutas, principalmente jóvenes de Santiago de los Caballeros y sus alrededores.

La red utilizó métodos de intimidación que causaron graves afectaciones psicológicas a las víctimas, generando temor y perturbación emocional tanto en ellas como en sus familias, lo que impactó significativamente su calidad de vida.