El Ministerio Público realizó 20 allanamientos en coordinación con las autoridades de Bélgica, en una investigación sobre una presunta red de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos que involucra a ciudadanos dominicanos. Las diligencias se llevaron a cabo tras una solicitud de cooperación jurídica internacional de Bélgica, que investiga la captación de mujeres en República Dominicana y Colombia para trasladarlas a su país con fines de explotación sexual.

La investigación se inició en junio de este año, luego del arresto en Bélgica de Ana Mercedes Encarnación Mejía, Juana de Jesús Holguín y otros dominicanos supuestamente vinculados a la organización. En ese operativo, cinco mujeres fueron rescatadas de una residencia utilizada por la red delictiva.

Según el Ministerio Público, las pesquisas revelaron una estructura que generaba importantes beneficios económicos a través de la explotación sexual, transfiriendo parte de esos recursos a República Dominicana para integrarlos al sistema financiero mediante inversiones inmobiliarias y otras operaciones, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.

Los allanamientos fueron ejecutados por la Dirección General de Persecución, con el apoyo de varias entidades, incluyendo la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional.

Las intervenciones se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. En las acciones también participaron agentes de las policías de Bélgica y de los Países Bajos, quienes están acreditados para la investigación.

El procurador adjunto Wilson Camacho enfatizó que la cooperación internacional es fundamental para combatir delitos como la trata de personas y el lavado de activos. Reiteró el compromiso del Ministerio Público de seguir colaborando con las autoridades de otros países para enfrentar las estructuras del crimen organizado transnacional.