La procuradora de corte Mirna Ortiz anunció este viernes que el Ministerio Público ha logrado probar todas las imputaciones en el caso de presunta corrupción administrativa contra Hugo Beras y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, entre otros implicados.

Según Ortiz, esto significa que se enviará a juicio de fondo a los acusados.

Durante la audiencia preliminar, que se lleva a cabo en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la procuradora destacó la solidez de las pruebas presentadas.

“Se ha demostrado cada una de las imputaciones, por lo que corresponde, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, afirmó.

Ortiz también criticó las tácticas de las defensas, que intentaron desviar la atención del proceso.

“Las defensas quisieron tender una cortina de humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba”, expresó.

Detalles del Caso

Entre los elementos clave que no fueron abordados por los abogados de los imputados, se encuentran los mensajes de WhatsApp, que según el Ministerio Público, demuestran que la licitación fue adjudicada a Gómez Canaán antes de que se realizara el proceso formal.

Estos hechos son parte de un esquema de defraudación al Estado dominicano.

La procuradora explicó que el caso involucra un proceso con cartas marcadas para favorecer a un proveedor con el que ya existían relaciones, a cambio de beneficios económicos.

La jueza Yanibet Rivas es la encargada de conocer la audiencia preliminar y se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, otros imputados incluyen a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, y varios otros, junto a varias empresas como Transcore Latam S.R.L.

y Aurix S.A.S..

Investigación y Delitos

El Ministerio Público ha identificado diversas líneas delictivas en este caso, que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, y lavado de activos.

Según la acusación, el eje central del esquema sería Gómez Canaán, quien habría creado un entramado para desviar fondos públicos y controlar infraestructuras estratégicas del Estado.