El Ministerio Público ha iniciado persecuciones por corrupción administrativa contra ex funcionarios, empleados públicos y empresarios que han acudido a Compra y Contrataciones. Sin embargo, los expedientes no están sustentados en auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas ni por la Contraloría General de la República, lo que pone en duda la solidez de estas acciones. Esta situación busca evitar que casos como los de Odebrecht, Coral y la Lotería Nacional se repitan en los tribunales.
Todo el sistema judicial y del Ministerio Público reconoce que las auditorías son títulos ejecutorios, con facultades para imponer medidas de coerción sin necesidad de apoderar tribunales penales. El actual derecho Procesal Penal, que tiene sus raíces en la Grecia Clásica y la antigua Roma, es considerado más simple que el sistema del Código Criminal de Instrucción de 1808, donde predominaba la convicción del juez.
Es preocupante que, a pesar de la experiencia de jueces y miembros del Ministerio Público, persista la creencia de que el problema radica en los códigos y normativas vigentes, en lugar de en la falta de pruebas técnicas que respalden las auditorías de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Esta ausencia de pruebas puede debilitar los casos presentados.
El Ministerio Público tiene un plazo de tres meses para presentar acusaciones, según el Artículo 226 y el 148, y puede solicitar hasta tres años de prisión preventiva. Por ello, debería exigir a la Cámara de Cuentas la auditoría correspondiente para cada caso investigado.
Con la ley de Extinción de Dominio 340-22, se podría concluir el caso sin necesidad de tribunales penales, lo que podría evitar situaciones complicadas para los jueces, quienes a menudo son designados por funcionarios involucrados. Esto resalta la necesidad de un sistema político que no desacredite a sus actores.
Es fundamental establecer un régimen institucional de auditorías confiables que limite la evasión y los escándalos de los actores políticos en funciones públicas. La transparencia en estos procesos es clave para fortalecer la confianza en las instituciones.
