El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que elaborará en 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, que será presentado al Poder Ejecutivo para su aprobación. Esta iniciativa busca consolidar la gobernanza de la inteligencia artificial en el Estado dominicano y establecer un marco regulatorio para su uso responsable en las instituciones públicas.
El reglamento permitirá la adopción y utilización de sistemas de inteligencia artificial, definiendo criterios de gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos. Esta medida es un paso adicional tras la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, que establece principios para el uso de estas tecnologías en la administración pública.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, subrayó que estas acciones son parte de la estrategia del Gobierno dominicano para modernizar el Estado y ofrecer servicios más accesibles y eficientes. El objetivo es crear condiciones que permitan a la inteligencia artificial mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Freund también destacó la importancia del Código de Ética, que garantiza la protección de datos personales y la supervisión humana en el uso de la inteligencia artificial. Además, el reglamento incluirá evaluaciones de impacto para sistemas que puedan afectar derechos fundamentales o el acceso a servicios esenciales.
El MAP trabajará en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) para asegurar la supervisión ética y técnica de la implementación del reglamento. Esta colaboración busca establecer un marco claro y eficaz para la transformación digital del Estado.
El ministerio se enfoca en cinco frentes fundamentales: datos e interoperabilidad, digitalización administrativa, arquitectura pública digital, coordinación de inversiones tecnológicas y formación de servidores públicos. Estas áreas son esenciales para incorporar la inteligencia artificial de manera efectiva en la administración pública.
Entre las normativas ya aprobadas se encuentra el Decreto No. 403-26, que facilita el intercambio seguro de información entre instituciones, y el Decreto No. 384-26, que promueve la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos. Estas iniciativas buscan anticipar necesidades ciudadanas y mejorar el acceso a servicios públicos.
El MAP también impulsa un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y organismos internacionales. Esta formación busca equipar a los servidores públicos con las habilidades necesarias para gestionar la inteligencia artificial y la transformación digital.
Finalmente, el proceso de Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permitirá identificar prioridades y orientar las políticas públicas en esta área. Estas acciones son parte de una agenda de modernización centrada en mejorar la calidad de los servicios públicos y proteger los derechos de la ciudadanía.
