La minería en República Dominicana generó un intenso debate durante la más reciente edición de RD Debate 2026, donde representantes de los sectores minero, académico y ambiental discutieron sobre la protección de los recursos naturales y los beneficios económicos de esta actividad. El evento, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), contó con la participación de figuras clave como el director general de Minería, Rolando Muñoz, y la comunicadora ambientalista Denisse Larrauri.
Rolando Muñoz defendió una visión integral de la minería sostenible, argumentando que esta actividad debe ser evaluada por sus impactos ambientales y sus aportes al desarrollo económico y a las comunidades. Destacó la importancia de realizar investigaciones científicas y cumplir con las leyes para garantizar la sostenibilidad de los proyectos mineros.
Elizabeth Mena, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), subrayó los beneficios de la minería en términos de generación de empleos y desarrollo de infraestructuras. Mena abogó por una estrategia de sostenibilidad que incluya gobernanza y transparencia, además de diversificación económica.
En contraste, Luis Carvajal Núñez planteó que, aunque el país necesita la minería, los beneficios económicos no siempre justifican los impactos negativos en el territorio y las comunidades. Larrauri, por su parte, rechazó la expansión de la megaminería, advirtiendo sobre los riesgos para las fuentes de agua y los ecosistemas.
Osiris de León propuso destinar el 10 % de los ingresos fiscales generados por la minería a programas de recuperación ambiental y desarrollo comunitario. Según De León, esto podría significar una asignación de RD$4,000 millones anuales para iniciativas que mitiguen los impactos ambientales de la minería.
Carvajal cuestionó si los empleos generados por la minería realmente compensan los efectos negativos de esta actividad. Citó cifras que muestran que el sector de minas y canteras emplea 7,067 personas, en comparación con 56,000 en la construcción y más de 270,000 en la agricultura.
La falta de transparencia y el cumplimiento de las leyes en proyectos mineros también fueron temas de discusión. Fernando A. Peña Segura, del ODPP-UASD, exigió una legislación que garantice la consulta previa de las comunidades y advirtió sobre los riesgos de permitir explotaciones en zonas vulnerables.
Finalmente, Elizabeth Mena enfatizó que la sostenibilidad de la minería debe traducirse en beneficios para las futuras generaciones, sugiriendo que los ingresos del Estado se inviertan en educación, salud e infraestructura. La jornada de debate evidenció las diferencias sobre el modelo de explotación minera que debe adoptar el país, destacando la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental.
