Un adolescente de 17 años fue detenido por su presunta participación en el asesinato del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, ocurrido el 16 de octubre en Santo Domingo Este. Según la legislación dominicana, podría enfrentar una sanción máxima de ocho años de privación de libertad si se demuestra su responsabilidad penal. Otros tres sospechosos, también menores de edad, enfrentarían sanciones que dependerán de sus edades al momento del crimen.
La Ley 136-03, modificada por la Ley 106-13, establece un régimen penal especial para adolescentes, limitando las sanciones privativas de libertad a cinco u ocho años, según la edad del infractor. Este régimen sigue vigente a pesar de la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y modificado mediante la Ley 44-26.
La Policía Nacional informó que el adolescente de 17 años fue apresado mediante una orden judicial, mientras que los otros tres permanecen prófugos. Casalinovo, de 48 años, conducía un vehículo de la plataforma InDrive cuando fue atacado a tiros por cuatro individuos que solicitaron un servicio de transporte.
El ataque ocurrió debajo del paso peatonal de la autopista Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. La legislación establece diferencias en las sanciones para adolescentes de 13 a 15 años y aquellos entre 16 y 17 años, siendo la privación de libertad para los menores de 13 años prohibida.
El artículo 340 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes establece que la privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años puede durar de uno a cinco años, mientras que para aquellos de 16 a menos de 18, la sanción puede ser de uno a ocho años. La edad del infractor al momento de cometer el delito es determinante para la sanción.
La privación de libertad no es automática, ya que el artículo 339 de la misma legislación establece que esta sanción se aplica tras determinar la responsabilidad penal mediante sentencia. La jurisdicción especializada será la encargada de determinar la participación de cada adolescente y la sanción correspondiente.
El nuevo Código Penal establece sanciones más severas para adultos, con penas de diez a veinte años por homicidio doloso y de hasta 40 años en casos agravados. Sin embargo, estas penas no se aplican automáticamente a los menores de edad, quienes están sujetos a un régimen especial.
El asesinato de Casalinovo también plantea interrogantes sobre las obligaciones de las empresas de transporte, reguladas por la Ley 63-17 y el Decreto 515-21. Este reglamento exige a las empresas contar con pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales para cubrir a los pasajeros y conductores.
La investigación policial deberá esclarecer si la familia de Casalinovo tiene derecho a una indemnización y qué póliza de seguro tenía el conductor. Además, se debe determinar qué dispositivos de seguridad estaban disponibles en el vehículo y cómo se verificó la identidad del solicitante del servicio.
