Una mujer colombiana de 23 años fue enviada a la cárcel en Cartagena de Indias, acusada de explotar sexualmente a su hija menor de edad para comercializar contenido sexual con un ciudadano estadounidense, según informó la Fiscalía este lunes.
La investigación se inició tras una alerta de la embajada de Estados Unidos, luego de que en diciembre de 2025 fuera detenido en Medellín un ciudadano estadounidense, en cuyos dispositivos electrónicos se encontraron numerosas fotografías y videos de una menor.
La Fiscalía indicó que el trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses permitió determinar que entre mayo y noviembre de 2025, el extranjero mantuvo conversaciones con la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, solicitándole archivos íntimos de la niña.
Según el informe, la mujer aceptó participar en estas prácticas en al menos seis ocasiones, compartiendo fotografías y videos a cambio de dinero.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso por varios delitos, incluidos pornografía con menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Reacciones y contexto
La semana pasada, la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, celebró una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que considera la prostitución como una forma de violencia sexual y no como un trabajo, en relación con la explotación de menores.
Alsalem destacó que la demanda de servicios sexuales es un factor clave en la cadena de explotación y afirmó que quienes generan esa demanda son explotadores directos.
La relatora también expresó su preocupación por iniciativas en Colombia que buscan regular la prostitución como «trabajo sexual» y pidió enfoques legislativos que sean coherentes con el derecho internacional.
Según datos de Migración Colombia, alrededor de 60 extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Medellín hasta mediados de mayo por motivos relacionados con la explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.
