Westchester Latinos Unidos y Vive y Aprende organizaron una mesa redonda en Puerto Rico con líderes dominicanos de Nueva York y la isla para discutir las operaciones de control migratorio de ICE, incluyendo el tiroteo de un dominicano en Marble Hill y las acciones en Río Piedras que afectan a las escuelas y a los niños. Durante el encuentro, se abordaron formas de responder a estas acciones, incluyendo la exigencia al Gobierno dominicano de adoptar una postura más firme para proteger a sus ciudadanos.
Según el Censo de los Estados Unidos, el 58.5 % de las personas nacidas en el extranjero en Puerto Rico provienen de la República Dominicana, concentrándose en áreas como San Juan, Río Piedras y Santurce. La comunidad dominicana, que representa un motor económico clave, tiene una tasa de participación laboral del 63 %, significativamente superior al promedio de la isla.
Recientemente, la Legislatura de Puerto Rico ha considerado el Proyecto del Senado 1062, que eliminaría el requisito de una orden judicial para que agentes de ICE ingresen a las escuelas públicas. Este cambio se produce en un contexto de redadas migratorias que han generado temor entre las familias y amenazan el acceso de los niños a la educación.
Jeannette Garcia, abogada y activista, expresó su preocupación por las acciones de ICE y la colaboración del Gobierno de Puerto Rico, afirmando que la dignidad de la comunidad no es negociable. Marisol Alcántara, directora de Westchester Latinos Unidos, destacó que la comunidad dominicana ha sido víctima de la brutalidad policial y las redadas de ICE, y llamó a trabajar en conjunto para garantizar el respeto y la humanidad hacia esta población.
José Molina, director de proyectos de Vive y Aprende, enfatizó el impacto emocional que las amenazas a las escuelas tienen en los niños y familias, mientras que Amanda Septimo, asambleísta estatal de Nueva York, subrayó que los dominicanos en Puerto Rico son víctimas de una campaña de crueldad que busca aterrorizar a las comunidades.
Raquel Batista, abogada y directora ejecutiva de la Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, exigió que el Gobierno dominicano asuma un papel activo en la protección de su diáspora frente a las injusticias de ICE. Gabriela Martinez, directora del Centro de Apoyo Familiar en Río Piedras, instó a la acción colectiva para proteger los derechos de las familias inmigrantes.
La Prof. Mónica Ponce Caballero, directora ejecutiva de CAUCE, reafirmó el compromiso de ofrecer recursos y apoyo a las familias afectadas por el miedo a las operaciones de ICE. Angela Fernandez, abogada en Washington Heights, recordó la historia de migración y resiliencia de Puerto Rico, y la importancia de no permitir que las operaciones de control migratorio separen a las familias.
Nayda Bobonis Cabrera, directora de Relaciones Estratégicas de FURIA Inc., destacó la importancia de compartir experiencias y soluciones comunitarias, mientras que Maria Lizardo, directora ejecutiva de Northern Manhattan Improvement Corporation, expresó la necesidad de proteger a las comunidades inmigrantes de las amenazas de ICE.
Jimmy Zorrilla, ex legislador municipal, concluyó que los dominicanos en Puerto Rico son parte integral de la sociedad y que las tácticas de ICE solo lograrán unir más a la comunidad en la lucha por el respeto y el debido proceso. Los líderes dominicanos de Nueva York están en Puerto Rico participando en la conferencia SOMOS el Futuro, un evento anual que reúne a líderes latinos para dialogar sobre los asuntos que afectan a la comunidad.
