El notable desequilibrio que caracteriza la interacción del Estado con los particulares ha llevado a que este último represente la principal amenaza a las prerrogativas esenciales de los ciudadanos. Desde sus inicios, el constitucionalismo ha tenido un enfoque restrictivo, buscando frenar las interferencias públicas que puedan ser arbitrarias o excesivas en la esfera privada. Esta protección se manifiesta en los derechos de libertad, que reciben un tratamiento especial dentro de la Constitución.

Además de su función limitadora, la doctrina ha identificado otra finalidad en la Carta Magna, que se refiere al establecimiento de bases ideológicas y políticas para la organización del Estado. Se reconoce que la Constitución también orienta la convivencia en la comunidad, apoyándose en principios estructurales que reflejan el camino hacia los objetivos nacionales. Esta es la Constitución Dirigente, descrita por HARIOU como “el cimiento sobre el que se asienta el sistema normativo de derecho en toda su integridad”.

Definición de la libertad de empresa

La libertad de empresa se define como el derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de preferencia, con limitaciones solo en lo que establece la Constitución y las leyes. El Tribunal Constitucional la ha descrito como “la libertad para decidir qué producir y cómo hacerlo de acuerdo con la ley” (Sentencia TC/169-16). Aunque esta definición se incorporó con la reforma de 2010, el concepto ha recibido protección constitucional desde 1955.

La categorización de la libertad de empresa como derecho fundamental está respaldada por su ubicación en los textos constitucionales, lo que justifica su tutela mediante amparo. Esto impide que el Legislativo afecte su contenido esencial. Aunque se presenta formalmente como un derecho subjetivo, su impacto va más allá de lo personal, influyendo en el desarrollo económico del país.

El afán de lucro, que fomenta la generación de riqueza, contribuye al progreso de la nación. De esta manera, la libertad de empresa se convierte en un núcleo de la política económica del Estado, siendo una herramienta de bienestar social en economías de libre mercado como la dominicana. En contextos donde la libertad de empresa es constitucional, se legitima la intervención estatal para realizar ajustes que respondan al interés nacional.

Interacciones entre derechos y regulaciones

La correcta ponderación de la libertad de empresa implica armonizar sus dos vertientes. En situaciones específicas, la noción de libertad de empresa como derecho fundamental puede entrar en conflicto con su interpretación como directriz sustantiva. Esta tensión puede influir en los límites de actuación del Estado, dependiendo de cómo se privilegie uno u otro enfoque.

Si se prioriza el enfoque programático, se interpreta la libertad de empresa como una afiliación a un régimen económico, lo que puede ampliar la capacidad de los poderes públicos. Sin embargo, si se asume como un derecho fundamental, se considera un atributo inherente a la personalidad, protegido de las decisiones gubernamentales. Es crucial que la segunda interpretación prevalezca, dado su carácter esencial para el libre desarrollo de la personalidad.

La iniciativa privada puede estar sujeta a regulación, pero la intervención pública debe cumplir ciertos criterios. Según la jurisprudencia constitucional, esta intervención debe hacerse mediante ley, no afectar el contenido esencial de la libertad de empresa y justificarse con motivos adecuados. Desde esta perspectiva, la libertad de empresa se asemeja a otras libertades públicas, como la de expresión o reunión, estableciendo espacios inviolables de soberanía individual que imponen al Estado un deber de abstención.