A poco más de dos meses de la entrada en vigencia de la Ley 74-25, el sistema sanitario dominicano aún no muestra una transformación estructural que promueva una cultura de seguridad en los procesos de atención. El debate ha cobrado fuerza en la opinión pública, generando posiciones intensas entre los actores del sistema, especialmente en el sector médico. Por un lado, se denuncia la criminalización del acto clínico; por otro, se argumenta que el endurecimiento penal es necesario para garantizar orden y justicia ante los daños sufridos por los pacientes.
Ambas posturas contienen elementos de verdad, pero simplifican el problema. La medicina moderna opera en un contexto de incertidumbre, donde todo acto clínico puede estar sujeto a riesgos. Ningún sistema sanitario ha logrado eliminar por completo los eventos adversos, lo que ha llevado a organismos como la OMS a desarrollar un enfoque en la seguridad del paciente, entendida como una arquitectura sistémica que busca reducir el daño y fomentar el aprendizaje continuo.
Transformación de la seguridad del paciente
Un sistema seguro no promete la ausencia de errores, sino que busca minimizar las posibilidades de daño y aprender de sus fallas. Sin embargo, la seguridad del paciente está evolucionando hacia una obligación estructural que puede ser evaluada jurídicamente. Lo que antes se consideraba una cultura de mejora continua ahora se asemeja más a un cumplimiento normativo en el ámbito sanitario.
Durante años, muchos sistemas de salud en América Latina han operado bajo contradicciones, donde el discurso institucional sobre calidad y modernización contrasta con la realidad de sobrecarga asistencial, déficit de personal y falta de programas integrales de seguridad. En muchos casos, la seguridad del paciente se ha reducido a acreditaciones superficiales y protocolos ineficaces.
La OMS define la seguridad del paciente como la reducción del riesgo de daño innecesario en la atención sanitaria. No se trata de eliminar el riesgo, sino de demostrar que se implementan barreras y protocolos para mejorar continuamente. Así, el enfoque se desplaza de la culpa individual hacia la gobernanza institucional del riesgo sanitario.
Este cambio afecta a toda la cadena de atención, incluyendo hospitales, clínicas y aseguradoras. El daño sanitario moderno rara vez es resultado de una sola decisión; puede ser causado por retrasos, falta de recursos y errores de comunicación. Cada fallo en el sistema tiene un impacto real en los pacientes, quienes esperan que el sistema funcione adecuadamente.
Desafíos para el sistema sanitario
La seguridad del paciente se está convirtiendo en un tema de gobernanza corporativa, lo que genera incomodidad en el sector salud dominicano. Si la seguridad se convierte en un estándar jurídicamente evaluable, las instituciones deberán demostrar que cuentan con programas de gestión del riesgo y mecanismos de mejora. No bastará con buenas intenciones; se requerirá evidencia concreta de cumplimiento.
Este fenómeno podría transformar la cultura de aprendizaje en un sistema de cumplimiento sanitario. Aunque ambos enfoques buscan mejorar la seguridad, sus lógicas son diferentes. La trazabilidad organizacional del riesgo se convierte en un elemento crucial, donde la falta de programas puede ser vista como evidencia de negligencia.
La expansión de la seguridad del paciente responde no solo a razones éticas, sino también a un sistema sanitario cada vez más judicializado. El daño clínico ha pasado a ser un riesgo económico y reputacional. Por ello, es preocupante que el sistema sanitario dominicano no esté respondiendo con una movilización estructural para construir programas formales de gestión de seguridad.
La discusión no debería centrarse únicamente en proteger a los médicos frente al Código Penal, sino en si el sistema está dispuesto a reorganizar sus procesos de atención para reducir el daño evitable y restaurar la confianza de la población. Existe un riesgo significativo de que se intente resolver la inseguridad sanitaria mediante medidas punitivas sin abordar las condiciones organizacionales que generan el daño.
Si esto ocurre, el resultado podría ser devastador, incluyendo la medicina defensiva y la falta de transparencia. Es fundamental que la sociedad utilice esta nueva ley para exigir que el sistema sanitario asuma la seguridad del paciente como una obligación estructural y verificable en toda la cadena de atención.
