La alarmante cifra de siete mujeres víctimas de feminicidios en solo 15 días en la República Dominicana exige una profunda reflexión por parte de la sociedad y de las autoridades, especialmente de quienes diseñan políticas públicas de prevención y protección de la mujer. En este contexto, es importante destacar que la población solo suele conocer la existencia del Ministerio de la Mujer en momentos críticos como el actual, donde estas muertes han sido perpetradas por parejas o exparejas de las víctimas.

Los nombres de Providencia, Alfania, Esmeralda, Yessika, Nikaury, Diana e Indira vuelven a poner en tela de juicio el papel del ministerio en la protección de las mujeres. Cada caso representa un dolor profundo en las familias, sueños truncados y la pérdida de mujeres que eran pilares en sus hogares y comunidades, incluyendo madres, hijas y trabajadoras.

Estos asesinatos han generado una gran indignación en la sociedad y han suscitado interrogantes sobre el uso de los recursos asignados al Ministerio de la Mujer, que recibió este año un presupuesto de 1,258 millones 285 mil 151 pesos. La falta de conocimiento sobre la ubicación y funciones de esta institución entre la población, especialmente entre las mujeres, es preocupante.

El caso de Esmeralda Moronta, quien fue asesinada por su exesposo tras haber buscado protección en la fiscalía, resalta la ineficacia del sistema. A pesar de que el Ministerio Público y el de la Mujer intentan culpar a la víctima por rechazar la protección de la «Casa de Acogida», la realidad es que la falta de acción oportuna permitió que ocurriera el crimen.

La rápida captura de Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, por parte de las autoridades no debe ser vista como un signo de efectividad, sino como una burla a las familias de las víctimas. La pregunta que surge es por qué no se actuó con la misma prontitud cuando Esmeralda buscó ayuda por segunda vez en la fiscalía, lo que podría haber evitado su asesinato.

Las autoridades deben entender que la responsabilidad recae en los victimarios, no en las víctimas. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes se sienten amenazadas y para garantizar que puedan continuar con sus vidas, cuidar de sus hijos y seguir con sus actividades diarias.