Legisladores dominicanos han manifestado su disposición a realizar ajustes al nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, tras las críticas de médicos y expertos en derecho que advierten sobre disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la medicina. Estos legisladores aseguraron que están abiertos a modificar cualquier parte del código que sea declarada inconstitucional o que necesite cambios.

El debate se ha intensificado debido a las preocupaciones de los profesionales de la salud sobre la inclusión de nuevas figuras penales que podrían tener implicaciones directas en su labor. El abogado Amadeo Peralta indicó que el nuevo marco jurídico incluye cerca de 18 artículos relacionados con el ejercicio médico, muchos de los cuales establecen sanciones penales más severas o crean nuevos tipos delictivos.

Entre las disposiciones que generan inquietud se encuentran el aborto en sus distintas modalidades, la expedición de certificados médicos falsos, la inducción o ayuda al suicidio, y la mala práctica médica que resulte en lesiones o muerte por imprudencia grave. También se penaliza la divulgación de información confidencial de pacientes y la realización de experimentos biomédicos sin consentimiento.

El Código también incorpora un capítulo sobre estudios genéticos y reproducción asistida, que penaliza la manipulación genética no autorizada y la fecundación de óvulos o embriones para fines distintos a la procreación. Peralta destacó que, aunque la profesión médica no está en peligro, es crucial que los médicos se familiaricen con estas nuevas disposiciones para evitar conflictos legales.

El juez de Apelación de Santo Domingo, Alexis Gómez, advirtió que el temor a sanciones penales podría llevar a los médicos a aumentar sus honorarios y adoptar medidas preventivas que impacten a los pacientes. Gómez sugirió que los errores médicos no intencionales deberían ser tratados en la jurisdicción civil en lugar de ser objeto de procesos penales.

Los artículos que han generado mayor preocupación en la clase médica incluyen los artículos 8, 12, 112 y 354, que establecen responsabilidades por omisión y el deber de garantía del médico, así como la posible responsabilidad de clínicas y hospitales por actos de imprudencia o negligencia. Estas inquietudes han llevado al Colegio Médico Dominicano (CMD) a anunciar acciones ante el Tribunal Constitucional para impugnar ciertos artículos que considera perjudiciales.

A pesar de las críticas, los legisladores defendieron el contenido del Código, reconociendo que cualquier aspecto incompatible con la Constitución puede ser corregido. El senador Edward Espiritusanto afirmó que desde el inicio de la discusión se contempló la posibilidad de modificaciones futuras si se detectan irregularidades.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, también respaldó esta postura, señalando que el año de espera antes de la entrada en vigencia del código fue para escuchar y analizar las observaciones de los distintos sectores. Cedeño consideró que las críticas del CMD sobre su falta de inclusión en los debates son tardías, dado que el proyecto estuvo más de 20 años en discusión.

Mientras continúan las críticas y los anuncios de recursos ante el Tribunal Constitucional, el Congreso sostiene que el nuevo marco jurídico puede ser perfeccionado mediante reformas futuras o a partir de las decisiones que adopte la Alta Corte.