Dos proyectos legislativos buscan posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 6 de agosto, por seis meses más. La propuesta ha generado críticas, ya que juristas y otros congresistas defienden que la normativa debe aplicarse en la fecha establecida.

El primer proyecto fue presentado por el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien argumenta que el plazo de un año otorgado tras la promulgación es «insuficiente» para realizar las correcciones necesarias. Mariotti recordó que el Congreso ha extendido períodos de vacatio legis en legislaciones de gran impacto, como el Código Procesal Penal en 2002.

El legislador sostiene que el tiempo adicional permitirá a la ciudadanía familiarizarse con la nueva legislación y al Congreso corregir aspectos considerados problemáticos por diversos sectores.

El segundo proyecto, presentado por el senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, también busca extender la aplicación del Código Penal por seis meses. Esta iniciativa propone un proceso de revisión técnica y diálogo con jueces, fiscales, defensores públicos y académicos para fortalecer el contenido de la legislación antes de su implementación.

Espiritusanto argumenta que una reforma penal de esta magnitud debe entrar en vigencia tras un proceso de armonización con el resto del ordenamiento jurídico nacional, especialmente con el Código Procesal Penal y leyes relacionadas con el sistema de justicia penal.

El nuevo Código Penal ha sido objeto de críticas, particularmente por artículos que afectan la libertad de expresión, la difamación y el desacato. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha solicitado al Poder Ejecutivo la ampliación del período de vacatio legis.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la justicia dominicana necesita «con urgencia» las herramientas del nuevo Código para enfrentar la criminalidad. Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se opone a la postergación total, aunque reconoce que algunos artículos merecen revisión.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, considera «normal» la situación y asegura que no habrá problemas si se realizan cambios después de la entrada en vigencia del Código.