La reforma a la Ley 225-20, que busca triplicar las contribuciones del sector privado al Fideicomiso DO Sostenible, podría aumentar los ingresos anuales de este fideicomiso de aproximadamente 3,000 millones a cerca de 9,000 millones de pesos. Esta modificación, que fue aprobada de urgencia por el Senado y la Cámara de Diputados, ha generado controversia por la rapidez del proceso legislativo y la falta de estudios técnicos que justifiquen el incremento. La nueva legislación establece que las empresas con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos aporten 2.2 millones de pesos anuales, en lugar de los 3 millones inicialmente propuestos.

A pesar de las reducciones en las tarifas, el aumento sigue siendo significativo, con algunas empresas enfrentando incrementos de hasta 1,000% en sus contribuciones. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su preocupación por la falta de consultas con los sectores afectados y por la ausencia de un análisis técnico que respalde la necesidad de tales aumentos. La rapidez con la que se ha tramitado la reforma ha llevado a cuestionar la estabilidad regulatoria en el país.

El Fideicomiso DO Sostenible, que no está bajo la administración directa del Ministerio de Medio Ambiente, es un ente público-privado que financia proyectos relacionados con la gestión de residuos sólidos. Sin embargo, la falta de transparencia en la selección de los operadores privados que manejan estos proyectos ha despertado dudas sobre su funcionamiento. Preguntas como quiénes son estos operadores y cómo fueron seleccionados permanecen sin respuesta.

Además, el fideicomiso ha reconocido la necesidad de mejorar los mecanismos de control sobre la información utilizada para calcular los pagos a los gestores privados. Un acuerdo con el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) busca verificar la calibración de las balanzas utilizadas para pesar los residuos, un aspecto crucial dado que la remuneración de los operadores depende del volumen de desechos procesados.

Los estados financieros del fideicomiso revelan que enfrenta litigios por aproximadamente 1,230 millones de pesos y un deterioro significativo de su patrimonio, que pasó de 1,382 millones a 113 millones de pesos en un año. A pesar de estos desafíos, el fideicomiso proyecta un aumento considerable en los recursos que manejará si se aprueba la reforma.

La falta de transparencia en las contrataciones también ha sido un punto crítico, ya que las transacciones del fideicomiso no están registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. Aunque se han realizado algunas licitaciones, la información sobre la selección de operadores y los contratos específicos no es fácilmente accesible al público.

La AIRD ha señalado que la reforma se ha tramitado sin los estudios técnicos necesarios y ha advertido sobre el riesgo de que estos costos se trasladen a los consumidores. El sector construcción y representantes del turismo también han expresado su preocupación por el impacto que estas contribuciones podrían tener en sus respectivas industrias.

El debate sobre el aumento de los recursos para la gestión de residuos sólidos continúa, dejando abiertas interrogantes sobre la justificación técnica de la reforma, los criterios de contratación de los gestores privados y los mecanismos de fiscalización que aseguren la transparencia en el uso de estos fondos.