El lavado de activos en la República Dominicana distorsiona la economía y afecta a los ciudadanos, generando un entorno donde las empresas legítimas enfrentan una competencia desleal. Se estima que entre US$1,300 millones y US$3,100 millones son lavados anualmente en el país, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad del crecimiento económico proyectado en 4.5% para 2026.

El Distrito Nacional, con más de 3.2 millones de metros cuadrados en construcción activa y un sistema financiero que capta más de RD$3.6 billones, es un reflejo del dinamismo económico. Sin embargo, este desarrollo esconde un problema estructural que afecta a la población, ya que el lavado de activos no es un delito aislado, sino que impacta directamente en el mercado formal.

Según la última Evaluación Nacional de Riesgos, el narcotráfico representa el 47.1% de los expedientes investigados por lavado de activos, seguido por la corrupción pública y la evasión fiscal. Los capitales ilícitos que ingresan al circuito legal buscan legitimación rápida, lo que resulta en la creación de empresas fachada y precios inflacionados en sectores comerciales e inmobiliarios.

Esta situación genera una competencia desleal, donde las empresas fachada pueden operar sin necesidad de generar ganancias, lo que les permite ofrecer precios por debajo del costo y perjudicar a los negocios que cumplen con las normativas. La informalidad laboral, que supera el 56% según el Banco Central, facilita la infiltración de capitales ilícitos, afectando a las MiPymes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

A pesar de la implementación de la Ley No. 155-17, que establece sanciones administrativas de hasta RD$10 millones para sectores no financieros, la solución no radica en aumentar la burocracia. Es necesario avanzar hacia una gestión de riesgos eficiente que utilice la tecnología para proteger la economía.

Frentes preventivos para combatir el lavado de activos

La democratización del cumplimiento digital para las MiPymes es esencial. La Ley No. 155-17 impone las mismas obligaciones de debida diligencia a grandes corporaciones y pequeños negocios, lo que resulta en un costo inasumible para más del 85% de las MiPymes que operan en la informalidad. El Estado debe crear plataformas digitales gratuitas para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.

Además, es crucial establecer alianzas tecnológicas que permitan un análisis en tiempo real de las transacciones. El modelo actual es reactivo, lo que resulta ineficaz frente a las rápidas operaciones de las redes criminales. La implementación de inteligencia artificial y Big Data puede ayudar a detectar patrones sospechosos antes de que el dinero se disperse.

Por último, se requiere una estrategia de inclusión financiera que incentive la bancarización y reduzca el uso del efectivo. La alta dependencia del efectivo sin trazabilidad fiscal favorece el lavado de activos. Medidas como la devolución del ITBIS en pagos digitales pueden contribuir a disminuir el uso de efectivo y, por ende, el espacio para la economía ilícita.

El combate al lavado de activos debe ser preventivo y no solo punitivo. Proteger la economía dominicana implica apoyar a los comerciantes honestos y garantizar un entorno donde el crecimiento económico sea genuino y sostenible.