La Vega enfrenta una crisis de agua potable que afecta a comunidades enteras, donde el acceso al recurso vital por tubería nunca ha existido. En lugares como Licey Los Tocones y Barranca, la población depende de pozos, cisternas y camiones privados, una situación que persiste en pleno siglo XXI. Esta ausencia de agua no es resultado de intermitencias, averías o sequías, sino de una exclusión estructural que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

A pesar del crecimiento económico y las mejoras en infraestructura que se celebran a nivel nacional, muchas comunidades en el corazón productivo del Cibao carecen de acceso a agua potable. Informes de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF destacan que el acceso a agua segura es fundamental para la salud pública, ya que reduce enfermedades y mortalidad infantil. Sin embargo, en la República Dominicana, las desigualdades territoriales persisten, especialmente en zonas rurales donde el acceso al agua sigue dependiendo de soluciones improvisadas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados reconoce las brechas históricas en la cobertura de agua en áreas rurales, pero esta aceptación no se traduce en soluciones efectivas. En La Vega, comunidades que fueron fundadas hace décadas continúan sin acceso a infraestructura básica de agua. A pesar de contar con representación política a todos los niveles, la situación se ha mantenido sin cambios significativos, lo que evidencia una cadena de omisiones por parte del Estado.

El acceso al agua es un derecho humano reconocido por la ONU y una obligación del Estado. La falta de agua impacta las condiciones de salud, desarrollo y dignidad de la población, generando un mayor riesgo sanitario y desigualdad intergeneracional. Esta crisis no solo afecta a las comunidades más vulnerables, sino que también contrasta con el potencial agrícola de La Vega, que produce alimentos para todo el país.

La contradicción entre la riqueza agrícola de la región y la falta de acceso al agua no es natural, sino política. La Vega ha dado al país figuras destacadas y talentos que representan la identidad dominicana, pero la calidad de vida de su gente es la verdadera medida de su progreso. No se trata de soluciones temporales, sino de una intervención integral que incluya levantamiento técnico, diseño de redes y rendición de cuentas.

La crisis de agua en La Vega no es un problema reciente; es una situación que ha perdurado a lo largo de los años. Cada año que pasa sin que se tomen medidas efectivas representa una responsabilidad acumulada para el Estado. El país no puede continuar celebrando su crecimiento mientras hay comunidades que dependen de la lluvia para sobrevivir.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cuántas décadas más tardará el Estado en garantizar el acceso al agua potable para todos? Esta cuestión no es solo técnica, sino profundamente ética.