En la República Dominicana, la revisión técnica vehicular conocida como “La Revista” fue una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, reducir la contaminación y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, desde 2016, esta práctica ha caído en desuso, tras la suspensión de su expedición hasta que se modificara la ley de tránsito del país.

En 2023, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, anunció que la inspección técnica, que incluiría muelles y puertos, se reactivaría en 2025.

Beras subrayó la importancia de esta medida como un mecanismo para reducir los accidentes de tránsito, enfatizando que la revisión de vehículos es un mandato de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Durante una conferencia de prensa, Beras destacó que los vehículos que no cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para circular serán retirados de las calles mediante un proceso de chatarrización.

Además, los propietarios de vehículos deberán ajustarse a las normativas vigentes para garantizar la seguridad vial en el país.

Desafíos en la Implementación de la Ley 63-17

El comunicador y abogado Dary Terrero, consultor de la Ley 63-17, explicó que la inspección técnica vehicular requiere que el Estado, a través del Intrant, autorice talleres especializados para la revisión mecánica y de contaminación ambiental.

Sin embargo, esta implementación no ha avanzado, ya que se han intentado establecer alianzas público-privadas que han encontrado resistencia por parte de algunos sectores que consideran que este procedimiento podría ser impositivo.

En 2025, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) reavivó el debate sobre “La Revista”, proponiendo avanzar con la modificación de la alianza público-privada.

El titular de la Dgapp, Andrés Lugo Risk, enfatizó que esta inspección no debe ser vista como un simple trámite mecánico, sino como un compromiso con la vida y la seguridad de los ciudadanos.

El Estado del Parque Vehicular en RD

La Ley 63-17 establece que los vehículos de motor destinados al servicio público deben cumplir con la inspección técnica vehicular, limitando su vida útil según su tipo.

Por ejemplo, los vehículos livianos no deben exceder los 15 años de antigüedad, mientras que los autobuses pueden operar hasta 25 años desde su fabricación.

Sin embargo, en 2026, es común observar vehículos con más de 30 años en circulación, especialmente en el transporte público, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad vial.

A pesar de las iniciativas del Gobierno, como el Plan Renove y el Plan Cero Chatarra 2025, la modernización del parque vehicular ha sido un desafío constante.

Muchos conductores optan por adquirir vehículos en condiciones cuestionables por razones económicas, lo que perpetúa la presencia de “carros chatarra” en las calles dominicanas.

Terrero advirtió que la situación actual del parque vehicular ha contribuido al caos en el tránsito, la contaminación ambiental y, en gran medida, a los accidentes de tráfico en el país.

Con alrededor del 62% del parque vehicular dominicano teniendo más de 10 años de antigüedad, la presión sobre la infraestructura vial continúa aumentando, a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en las carreteras.