El sector minero en la República Dominicana es fundamental para la economía, ya que aporta divisas e ingresos al Estado, pero requiere de reglas claras y una estrategia que fomente la diversificación productiva. La creciente presión sobre los hogares y las empresas, derivada del aumento de los combustibles y la electricidad, hace necesario un diálogo público-privado para establecer un pacto fiscal integral que no solo aborde el gasto y la recaudación, sino también la producción y la atracción de inversiones.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 refleja un desafío significativo, con ingresos previstos de aproximadamente RD$1.51 billones y gastos de RD$1.84 billones, lo que resulta en un déficit de RD$327,281.5 millones. Para cerrar esta brecha, es esencial no solo mejorar la eficiencia en el gasto y la recaudación, sino también incrementar la actividad económica, donde la minería juega un papel clave.

Entre enero y agosto de 2026, la Dirección General de Impuestos Internos reportó ingresos de RD$26,763.1 millones por concepto de Impuesto a la Minería, un aumento del 35.1 % en comparación con el año anterior. Además, las exportaciones de la minería metálica alcanzaron US$2,251.6 millones, un 43.5 % más que en 2025, representando el 52.2 % de las exportaciones nacionales.

El oro fue el principal contribuyente, con US$2,019.2 millones, lo que equivale a casi el 90 % del total de las exportaciones de minería metálica. Este mineral explicó el 58.7 % del incremento en las exportaciones de bienes, lo que subraya la importancia estratégica de estas divisas para una economía que depende de importaciones de combustibles y equipos.

Las exportaciones de minería no metálica también son relevantes, aunque sumaron US$11.2 millones, lo que representa una disminución del 9.1 %. Sin embargo, el yeso y los agregados mostraron un crecimiento significativo. Este sector es crucial para la construcción y la fabricación de cemento en el país.

Es importante considerar que el auge en las exportaciones se debe en gran medida a los altos precios del oro, y no a un aumento proporcional en la producción. La actividad de minas y canteras creció solo 3.6 % entre enero y agosto, y se contrajo 14.6 % en agosto debido a mantenimientos programados. Esta dependencia de un solo mineral resalta la necesidad de diversificar la matriz minera y agregar más valor a los productos en el país.

Para el pacto fiscal, es crucial que los ingresos derivados de los altos precios del oro no se utilicen para financiar gastos permanentes. Se propone un mecanismo que reserve parte de estos ingresos durante períodos de bonanza y los libere cuando los precios se normalicen, lo que ayudaría a estabilizar las finanzas públicas.

Reformas necesarias en el sector minero

La institucionalidad minera debe ser robusta, con información confiable y reglas claras. El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Energía y Minas RD$393.2 millones para la regulación y fiscalización de la minería, una cifra que representa menos del 1.5 % de lo que el sector aportó por el Impuesto a la Minería en ocho meses.

Es fundamental realizar una reforma de la Ley Minera 146-71, vigente desde 1971, que garantice seguridad jurídica y un régimen fiscal claro. Esto incluye la evaluación conjunta de regalías, impuestos y contribuciones, y la necesidad de que la inversión en un yacimiento sea recuperable durante su vida útil.

Una agenda minera dentro del pacto fiscal podría incluir cinco puntos clave: la reforma de la ley, un catastro y sistema de información minera, el fortalecimiento de las instituciones de evaluación y fiscalización, un mecanismo de estabilización para ingresos extraordinarios, y la publicación de contratos y resultados de fiscalización.

El sector empresarial también tiene un papel en este esfuerzo, adoptando prácticas de cumplimiento ambiental y social. La legitimidad de la minería se construye a través de resultados y rendición de cuentas, y la evaluación de nuevos proyectos debe considerar su viabilidad técnica, ambiental, económica y social.

La minería responsable puede contribuir a una economía sostenible y a la protección social, generando ingresos que ayuden a cubrir las importaciones del país y a ampliar el margen para proteger a los hogares. Un pacto fiscal que contemple estas realidades es esencial para el futuro económico del país.