El juicio por el asesinato de cinco jóvenes del Club Cultural y Deportivo Héctor J. Díaz, ocurrido el 9 de octubre de 1971, sigue sin celebrarse, dejando a los culpables sin castigo. Este crimen, atribuido a la «Banda colorá», se produjo en el contexto de la represión durante el gobierno de Joaquín Balaguer. A pesar de la conmoción que generó en la sociedad dominicana, la justicia no ha logrado procesar a los acusados.

En la madrugada del 9 de octubre de 1971, en el barrio 27 de Febrero, una patrulla policial detuvo a cinco jóvenes que regresaban de un colmado tras comprar velas para velar a un compañero. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados mutilados y esparcidos en diferentes puntos del país. Los jóvenes, Radhamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Gerardo Bautista Gómez, eran conocidos por su dedicación al deporte y la cultura, sin vínculos políticos que justificaran su asesinato.

El crimen fue atribuido a un grupo de bandoleros que actuaban bajo la protección de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La noche de su detención, los jóvenes participaban en las honras fúnebres de un compañero fallecido en un accidente de tránsito. Tras ser apresados, desaparecieron y sus cuerpos fueron hallados con signos de tortura, lo que generó una profunda indignación en la sociedad.

Historiadores y allegados han calificado el hecho como una tragedia de «mártires por error», reflejando la paranoia represiva de la época. En memoria de estos jóvenes, cada 9 de octubre se conmemora el Día Nacional de los Clubes, resaltando la importancia del movimiento asociativo en los barrios. Sin embargo, los responsables del crimen nunca fueron identificados ni condenados.

La impunidad se ha caracterizado por la pérdida de expedientes y el estancamiento de las investigaciones. Aunque algunos miembros de la Policía y civiles fueron señalados, el proceso judicial no avanzó. Con el tiempo, los expedientes clave desaparecieron, y el caso quedó sumido en la impunidad oficial.

A pesar de las exigencias de justicia por parte de la sociedad y los familiares, el sistema judicial de la época bloqueó el proceso. Joaquín Balaguer, al ser cuestionado, se limitó a decir que el crimen era producto de «fuerzas incontrolables», una frase que se convirtió en símbolo de la evasión de responsabilidad del gobierno.

Dos días después del crimen, Balaguer destituyó al jefe de la Policía, general Enrique Pérez y Pérez, quien había sido señalado de encubrir a los autores. A pesar de esto, las investigaciones no prosperaron y la Policía fue acusada de permitir que los cuerpos represivos actuaran con impunidad en la zona.

La opinión pública y la prensa de la época señalaron a la «Banda colorá» como los autores materiales del secuestro y asesinato de los jóvenes. Aunque Balaguer intentó desvincular a su gobierno, la percepción general fue que se trató de un crimen de Estado, ejecutado con la tolerancia del régimen.

A pesar de los clamores de justicia, el expediente judicial se diluyó y el caso permanece en la impunidad, dejando una herida abierta en la memoria colectiva del país.