En los últimos años, la justicia en la República Dominicana ha adoptado con entusiasmo el lenguaje de la digitalización, la modernidad y la virtualización de sus servicios.
Las plataformas electrónicas, los depósitos en línea y las notificaciones digitales son presentados como símbolos del progreso institucional.
Sin embargo, esta imagen de agilidad y eficiencia contrasta con la realidad que enfrentan los litigantes y abogados en su día a día.
La experiencia cotidiana revela que la digitalización no ha logrado humanizar la justicia, sino que, por el contrario, ha deshumanizado los procesos.
Esto ha llevado a una erosión de la eficacia, la responsabilidad y el sentido común en el sistema judicial.
La simple acción de trasladar trámites de una ventanilla física a una pantalla no constituye una modernización efectiva.
Modernizar implica mejorar la calidad del servicio, reducir errores y poner al ciudadano en el centro del sistema.
Cuando la tecnología se implementa sin los controles de calidad necesarios, la formación adecuada del personal y mecanismos de corrección, el resultado es un sistema que perpetúa los mismos problemas, pero ahora de forma digital.
Un caso ilustrativo de la problemática
Un reciente caso en la jurisdicción inmobiliaria ejemplifica esta situación. Un proceso que debería haber sido no contencioso se complicó debido a un error de numeración en la sentencia.
Este fallo, que era un simple asunto aritmético, impidió su ejecución administrativa, lo que generó una serie de complicaciones adicionales.
La solicitud de corrección se presentó a través de la plataforma digital, pero lo que debía resolverse en días se convirtió en un verdadero peregrinaje.
Los litigantes enfrentaron plataformas que no reflejaban el estado real del expediente, respuestas automáticas que no ofrecían soluciones y la necesidad de desplazamientos presenciales para resolver lo que el sistema virtual no pudo manejar.
Tras semanas de espera, el tribunal emitió una resolución correctiva que, en lugar de solucionar el problema, lo agravó.
Se duplicaron ordinales y se fragmentó el dispositivo de manera ilógica, resultando en una sentencia defectuosa y una resolución correctiva igualmente inejecutable.
Este tipo de errores refleja la falta de atención al detalle en un sistema que debería ser más eficiente.
La falta de humanidad en el sistema
Uno de los aspectos más preocupantes de esta digitalización es la sustitución del trato humano por centros de contacto sin capacidad resolutiva.
La atención al usuario se canaliza a través de call centers que no cuentan con el criterio jurídico necesario para interpretar problemas.
Esto deja a los usuarios en una situación de indefensión, donde la respuesta es simplemente que el error o la demora son culpa del sistema.
En el pasado, los ciudadanos podían hablar con un secretario o un juez que entendía su situación.
Hoy, se enfrentan a interfaces que no escuchan ni resuelven, y a un personal entrenado para cerrar casos, no para solucionar problemas reales.
La falta de responsabilidad en el sistema ha llevado a que el tiempo y las preocupaciones de los usuarios carezcan de valor institucional.
Una justicia verdaderamente moderna no se mide por la cantidad de plataformas, sino por su capacidad de emitir decisiones con control de calidad real y corregir errores de manera efectiva.
La tecnología debe ser una herramienta que, acompañada de humanidad y responsabilidad, facilite el acceso a la justicia, en lugar de automatizar el abandono de los ciudadanos.

