La jueza Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha programado para el próximo martes 5 de mayo la audiencia sobre la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

Este funcionario está siendo investigado por supuestamente haber recibido un soborno de 10,000 dólares de un testigo del Ministerio Público.

La decisión de Muñiz se produjo después de que el pleno de la Corte de Apelación rechazara la recusación presentada por la defensa de Valdez Alcántara, que buscaba apartar a la jueza del caso.

Este rechazo permite que la audiencia sobre la medida de coerción continúe según lo previsto.

Según las investigaciones, Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente la suma de 200,000 dólares, cifra que luego redujo a 150,000 dólares durante las negociaciones.

Además, mostró interés en recibir un reloj de la marca Rolex y un vehículo de la línea Mercedes Benz, específicamente los modelos 350 o 450.

Se alega que el procurador fiscal habría solicitado estas sumas de dinero a cambio de modificar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.

Este tipo de acciones pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial y la confianza pública en el mismo.

La defensa, liderada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano, argumentó que la jueza Muñiz no debería conocer la medida de coerción.

Según Delgado, la magistrada participó en un aspecto crucial de la prueba, específicamente en la entrega controlada del presunto soborno, lo que la inhabilitaría para juzgar el caso.

Compromiso del Ministerio Público

El procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó que cualquier acto de corrupción del que el Ministerio Público tenga evidencias será llevado ante la justicia.

Camacho también destacó la gravedad del impacto que la corrupción tiene en el sistema judicial dominicano.

El funcionario expresó que la corrupción en el sistema de justicia es una de las formas más dañinas de corrupción, ya que transforma el derecho en algo que puede ser adquirido con dinero.

Además, enfatizó que la institución tiene una política firme de no ocultar, no tapar y no tolerar estos actos ilícitos.