El constitucionalismo contemporáneo ha introducido un cambio significativo al reemplazar el paradigma de la legalidad por el de la juridicidad, lo que es crucial para entender la evolución del Estado de Derecho moderno. Aunque ambos conceptos están relacionados, no son equivalentes y su distinción es esencial para el funcionamiento de los órganos públicos en las democracias actuales.
Históricamente, el principio de legalidad fue fundamental en el Estado de Derecho, ya que buscaba limitar la actuación de los poderes públicos a la ley, evitando la arbitrariedad y garantizando la seguridad jurídica. La legitimidad de las acciones estatales dependía de su conformidad con las normas legales aprobadas por el órgano legislativo competente.
Este modelo fue adecuado para una época en la que el principal desafío era restringir el poder absoluto de los gobernantes, considerando la ley como la expresión de la voluntad general y un medio para proteger la libertad de los ciudadanos. Durante años, la legalidad fue vista como la principal garantía de legitimidad en el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, la evolución del constitucionalismo ha evidenciado las limitaciones de esta perspectiva. La historia ha mostrado que tener leyes válidas no siempre asegura el respeto a los derechos fundamentales ni la preservación de los valores democráticos, ya que regímenes autoritarios han utilizado normas legales para consolidar prácticas contrarias a la libertad y dignidad humana.
En respuesta a esta situación, surgió el principio de juridicidad, que no solo exige conformidad con la ley, sino con la totalidad del ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución, los derechos fundamentales y los valores superiores del sistema jurídico. Este cambio es una consecuencia directa del Estado constitucional de Derecho, donde la Constitución es la norma suprema.
La transformación hacia la juridicidad ha tenido un impacto profundo en la teoría y práctica del Derecho Público. Los órganos del Estado deben justificar sus decisiones no solo con base en una habilitación legal, sino también demostrando que sus acciones son compatibles con los derechos fundamentales y los principios constitucionales.
Relevancia de los principios democráticos
En este nuevo marco, los principios democráticos como la transparencia, la igualdad política y la participación ciudadana se convierten en parámetros jurídicos vinculantes. La juridicidad exige que toda acción estatal contribuya a la realización efectiva de estos valores constitucionales.
Particularmente, esta evolución es crucial para los órganos constitucionales autónomos, como los tribunales constitucionales y los organismos electorales, que ejercen competencias derivadas de la Constitución. Su actuación debe evaluarse no solo desde la legalidad ordinaria, sino también desde los principios constitucionales que justifican su existencia.
Funciones de garantía constitucional
El constitucionalismo contemporáneo reconoce que estos órganos tienen la función de garantizar la estabilidad y legitimidad del sistema democrático. La juridicidad proporciona el marco conceptual necesario para entender sus responsabilidades institucionales.
Esta realidad está respaldada por la doctrina avanzada del Derecho Público, que sostiene que toda actuación administrativa debe interpretarse conforme a la Constitución y sus valores. La jurisprudencia constitucional comparada también ha reafirmado que los principios constitucionales tienen eficacia normativa para guiar la actuación de los poderes públicos.
En resumen, la diferencia entre legalidad y juridicidad marca la evolución del Estado de Derecho. Mientras la legalidad se enfoca en la conformidad con la ley, la juridicidad exige lealtad a todo el ordenamiento jurídico constitucionalizado, lo que implica que los órganos públicos deben garantizar la efectividad de los principios, valores y derechos fundamentales que sustentan el Estado constitucional de Derecho.
