El juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados de corrupción aún no ha comenzado, a más de dos años de haber sido enviados a juicio de fondo, debido a múltiples incidentes procesales. El 28 de junio de 2024, el juez Amauri Martínez dictó auto de apertura a juicio, tras acoger parcialmente la acusación del Ministerio Público.
La audiencia preliminar se extendió casi tres años, comenzando en agosto de 2022, y durante este tiempo se registraron 94 aplazamientos, según Participación Ciudadana. En agosto de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue designado para conocer el caso, pero la defensa de Rodríguez recusó a los magistrados, alegando actuaciones arbitrarias.
La Corte de Apelación acogió la recusación, lo que llevó al caso al Segundo Tribunal Colegiado. La primera audiencia del juicio de fondo estaba programada para el 1 de mayo de 2025, pero no se ha podido iniciar el proceso debido a nuevas discusiones sobre incidentes presentados por la defensa.
A principios de octubre de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado decidió revisar 21 incidentes promovidos por la defensa, lo que ha retrasado aún más el inicio del juicio. Estos incidentes fueron discutidos nuevamente con la incorporación de una nueva jueza al caso.
Este lunes, las magistradas decidieron diferir el fallo de los incidentes para resolverlos durante el juicio de fondo, otorgando a las defensas un plazo de tres días para presentar recursos de oposición. Aunque los abogados solicitaron seis días, el tribunal fijó la presentación de estos recursos para la próxima audiencia, programada para el miércoles 4 de noviembre.
El caso está siendo conocido por las magistradas Yissel Soto, presidenta, Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López. A pesar del tiempo transcurrido desde la apertura a juicio, el expediente aún no ha entrado en la fase de discusión de las pruebas y los hechos atribuídos por el Ministerio Público, que señalan a los acusados como parte de una presunta red de corrupción que habría sustraído más de RD$ 6 mil millones del erario público.
