En las últimas semanas, han surgido alertas sobre la venta de bases de datos de instituciones dominicanas en foros clandestinos, incluyendo entidades como EDESUR, Claro, CONAPE, la Armada, Migración, un hospital privado y el padrón de la Junta Central Electoral. Estas denuncias han sido reiteradas, y la falta de respuesta clara por parte de las instituciones competentes ha generado preocupación entre la ciudadanía.
La exposición de datos personales requiere más que simples comunicados de prensa. Es fundamental que existan organismos y estrategias que se traduzcan en acciones efectivas, como investigaciones y medidas correctivas, para garantizar la rendición de cuentas. La población tiene derecho a conocer qué información ha sido expuesta, cuántas personas están afectadas y qué acciones se están tomando al respecto.
El proceso de filtración de datos sigue una secuencia definida. Inicialmente, se extraen datos de una institución, seguido de un aviso de extorsión que exige un pago para evitar su difusión. Si no se paga, la información se libera en foros clandestinos, donde diversos actores la recogen con diferentes intenciones, desde el análisis de perfiles hasta la creación de bases de datos más completas.
Impacto en la región
Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, ya que en América Latina el mercado de datos personales se ha consolidado. En Brasil, un código en una plataforma de pagos capturó información de tarjetas y documentos de identidad. En México, el Grupo Xcaret reconoció la extracción de datos de más de 8,300 clientes. En Argentina, se identificaron extracciones de historias clínicas en entidades sanitarias, y en São Paulo, datos de un sistema de videovigilancia quedaron expuestos.
En el contexto dominicano, un actor ha afirmado haber extraído más de 500,000 registros de EDESUR, incluyendo nombres, cédulas, direcciones y teléfonos. Claro también ha admitido exposiciones de información de sus clientes, mientras que han surgido reclamaciones sobre CONAPE, la Armada, Migración y el padrón de la JCE.
Riesgos de la exposición de datos
El mayor riesgo se presenta cuando estas bases de datos se cruzan y analizan. La combinación de información de servicios públicos, telecomunicaciones y registros laborales puede permitir la creación de perfiles completos, facilitando la identificación de domicilios y deudas. Con herramientas de inteligencia artificial, estos datos pueden ser manipulados para satisfacer las necesidades de quienes los adquieren.
Los datos expuestos pueden ser utilizados para suplantar identidades, ejecutar extorsiones o diseñar campañas de engaño. Información de funcionarios y personal de seguridad puede ser empleada para operaciones de seguimiento. En Brasil, se usaron datos de personas mayores en campañas políticas, demostrando cómo una filtración puede convertirse en un instrumento de explotación.
La República Dominicana cuenta con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el CSIRT-RD como organismo responsable, pero hasta el momento no se ha informado sobre investigaciones formales relacionadas con las denuncias de EDESUR, CONAPE, la Armada o el padrón de la JCE. Es necesario conocer los resultados de auditorías y las vulnerabilidades que se han corregido.
Tratar este problema con ligereza es subestimar el valor de la información. La exposición de datos personales y relaciones institucionales compromete la privacidad y facilita actividades delictivas. Es imperativo que se investigue toda la cadena de acceso y uso de estos datos, mientras los mercados clandestinos siguen operando y manejando la información como un negocio.
