Un juez peruano archivó la acusación por asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y cuatro exministros en el caso del Gaseoducto Sur Peruano, por el que la Fiscalía pedía 35 años de prisión para Humala. La decisión fue tomada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien consideró procedente una solicitud de la defensa legal de Luis Miguel Castilla, exministro de Humala.
Ayala fundamentó su decisión en una ley que exige que los delitos relacionados con organizaciones criminales tengan una pena mínima superior a seis años de prisión, lo cual no se cumple en este caso. La resolución, emitida el 3 de julio y divulgada recientemente, también ordena levantar las medidas cautelares personales impuestas y reconfigura el proceso penal en curso.
El juez estableció que la audiencia de control de la acusación fiscal se reanudará el lunes 6 de julio a las 9:00 hora local, donde se evaluarán las solicitudes de archivo del delito de colusión agravada presentadas por los implicados. El equipo fiscal había solicitado penas de entre nueve y 35 años para 21 personas, incluyendo a exministros y al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata.
La Fiscalía investiga si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron al consorcio liderado por Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto energético, valorado en 7.328 millones de dólares, en el contexto del caso Lava Jato. Humala, condenado desde abril de 2025 a 15 años de cárcel por lavado de dinero, ha solicitado su libertad tras el archivo de procesos similares contra Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
En un mensaje en redes sociales, Humala cuestionó su situación, señalando que el Poder Judicial ha ratificado en tres ocasiones que un aporte de campaña no equivale a lavado de activos. Afirmó que el Ministerio Público no ha podido demostrar la entrega de un aporte ilícito, lo que lo lleva a preguntarse por qué sigue en prisión.
