La judicialización de la política en América Latina se ha convertido en un fenómeno que afecta la reputación de líderes y partidos, siendo utilizada como herramienta para desprestigiar y perseguir adversarios a través de acusaciones infundadas. Este uso indebido de los sistemas judiciales se manifiesta en abusos legales, como la fabricación de acusaciones y la violación de la presunción de inocencia, lo que causa daños irreparables en la imagen de los afectados.

Ejemplos de este fenómeno, conocido como Lawfare, se observan en varios países de la región, incluyendo Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú, donde ex presidentes y líderes políticos han sido objeto de procesos judiciales que vulneran sus derechos fundamentales. En la República Dominicana, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también han sido víctimas de esta estrategia, enfrentando acusaciones de corrupción que buscan inhabilitarlos y afectar su imagen en el contexto electoral.

Durante años, muchos miembros del PLD han lidiado con medidas restrictivas y procesos judiciales que han deteriorado su reputación personal, lo que pone en riesgo la democracia y refleja un uso abusivo de la justicia. Al respecto, el PLD ha expresado que la reciente decisión judicial que favoreció a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no puede reparar el tiempo perdido por las acusaciones infundadas.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, destacó que el tribunal reconoció la falta de fundamento en las acusaciones contra sus compañeros, lo que representa una reivindicación moral para el partido y sus seguidores. Pujols subrayó la importancia de la presunción de inocencia, un principio constitucional que debe ser respetado, especialmente para aquellos que han enfrentado prisión preventiva y campañas de descrédito.

La declaración del PLD enfatiza que «La Justicia debe servir a la Verdad y no a la Política», instando a la sociedad dominicana a comprometerse a que la justicia no sea utilizada como un instrumento de competencia política. Se rechaza la idea de que las decisiones judiciales sean sustituidas por ruedas de prensa y que la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.

El uso selectivo de la justicia con fines políticos socava los derechos fundamentales de los ciudadanos y pone en peligro la estabilidad política y económica del Estado. La justicia no debe ser vista como un actor político que deslegitima a dirigentes y movimientos, sino como un sistema que respete el debate democrático y la igualdad ante la ley.

Es un momento propicio para reflexionar sobre los daños que la judicialización política ha causado y la necesidad de una verdadera independencia institucional, así como un combate efectivo a la corrupción. La sociedad debe abogar por procesos legales transparentes, sin impunidad selectiva, que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.