La pensión digna es un elemento fundamental para la justicia social. En la República Dominicana, a menudo se confunden con caridad, pero su verdadero objetivo es prevenir la privación económica y asegurar una vejez digna.

Asegurar ingresos tras el cese de la vida laboral no es solo una medida administrativa.

Es el principal mecanismo de protección social que protege a las personas contra los riesgos y vulnerabilidades del paso del tiempo.

La etimología de la palabra pensión proviene del latín pensio, que significa ‘pago’. Por su parte, jubilación proviene de jubilare, que significa ‘gritar de alegría’, un término que se originó en el contexto militar.

Derechos Humanos y Seguridad Social

El derecho a la seguridad social está consagrado en el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar y el de su familia.

La protección de los mayores no es un concepto nuevo. En el Imperio romano, el emperador Octavio Augusto creó el Aerarium Militare para recompensar a los veteranos, marcando un hito en la historia de las pensiones.

En 1889, Alemania implementó el primer sistema moderno de jubilación, diseñado por el canciller Otto von Bismarck, quien estableció un sistema de seguridad social para la vejez.

Desafíos Actuales en República Dominicana

A pesar de un marco legal que se remonta a 1846, la situación actual es preocupante.

Las pensiones son cruciales para el bienestar, pero su efectividad es cuestionable. En la República Dominicana, el Séptimo Informe Estado de la Región 2025 indica que el 85% de los adultos mayores pensionados recibe pensiones insuficientes.

Las pensiones insuficientes agravan la indigencia y fomentan la desigualdad. Muchos sistemas actuales provocan una pérdida constante del poder adquisitivo y carecen de cobertura médica adecuada.

Contar con una pensión digna es esencial para la autonomía en la última etapa de la vida.

Las cifras actuales en República Dominicana son alarmantes y no garantizan la supervivencia básica.

Es urgente llevar a cabo una reforma en el sistema de pensiones nacional. Solo a través de una gestión automatizada y transparente se podrán corregir las distorsiones y asegurar la justicia social y la dignidad de todos los ciudadanos.