La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha emitido un nuevo reglamento que regula las sanciones administrativas, en el marco de la implementación de la Ley 47-25.

Este reglamento, denominado DGCP-SNCP-02-2026, busca garantizar un ejercicio adecuado de la potestad sancionadora de la institución.

El nuevo reglamento establece una separación clara de funciones para asegurar la objetividad en la investigación y sanción de las infracciones cometidas por los proveedores del Estado.

Se enfatiza el respeto al debido proceso y la legalidad en todas las actuaciones administrativas.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que esta normativa fortalecerá la seguridad jurídica al establecer criterios objetivos para la investigación y decisión de los procedimientos sancionadores.

Esto garantiza actuaciones motivadas y transparentes.

Detalles del nuevo reglamento

El reglamento define las competencias del órgano rector, las etapas del procedimiento y los derechos de defensa de los administrados.

También establece una clara separación entre las funciones de instrucción y sanción.

Además, regula la ejecución de las sanciones y su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Se detallan los efectos jurídicos de la inhabilitación y los mecanismos para restablecer el estatus del proveedor tras cumplir o revocar la sanción.

El reglamento, que entrará en vigor en 30 días hábiles tras su publicación, establece escalas de inhabilitación que varían de 1 a 5 años y de 5 a 10 años, dependiendo de la gravedad de la falta.

También se contemplan criterios de proporcionalidad al imponer sanciones.

Procedimientos simplificados y alcance de responsabilidades

Se introducen procedimientos simplificados para aquellos proveedores que admitan su falta y propongan la reparación del daño.

Esto busca facilitar el proceso sancionador.

La normativa también establece que la inhabilitación de un miembro afectará solidariamente a todo el consorcio.

Además, los efectos de la sanción pueden extenderse a entidades vinculadas si se demuestra fraude o simulación para eludir la sanción.

Hasta la fecha, la DGCP ha publicado dos de los seis reglamentos especiales que regularán aspectos específicos de la contratación pública, asegurando su alineación con los principios de legalidad y transparencia.