La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni, con 227 votos a favor y 164 en contra, un paso crucial de cara a las elecciones generales de 2027. La votación secreta fue celebrada con aplausos por los legisladores de la coalición de derecha que apoya a Meloni, marcando una victoria política para la mandataria.
La reforma, conocida como Stabilicum, busca fortalecer la estabilidad del sistema político italiano mediante cambios en la distribución de escaños parlamentarios. La principal novedad es un premio de escaños para la lista o coalición que obtenga al menos el 42% de los votos, lo que incluye 70 escaños adicionales en la Cámara de los Diputados y 35 en el Senado.
Además, la normativa recupera un sistema de listas con candidatos preseleccionados, permitiendo a los electores expresar preferencias por otros aspirantes. Este aspecto generó tensiones entre los partidos del Gobierno durante las negociaciones, lo que llevó a Meloni a advertir sobre las consecuencias de un posible rechazo parlamentario.
Los partidos de centroizquierda se opusieron a la reforma, considerándola inconstitucional. Entre los críticos se encuentran el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verde e Izquierdas (AVS), quienes argumentan que el Gobierno busca perpetuarse en el poder ante el temor de perder las próximas elecciones.
El líder del M5S, Giuseppe Conte, cuestionó la dirección política de la reforma y advirtió sobre una posible deriva autoritaria del Ejecutivo. Por su parte, Elly Schlein, líder del PD, calificó la iniciativa de equivocada e inconstitucional, criticando que se modifiquen las reglas electorales en un proceso político ya en marcha.
La diputada de Italia Viva, Maria Elena Boschi, señaló que tras la derrota del Gobierno en el referéndum sobre la justicia en marzo, Meloni ha buscado asegurar su permanencia en el poder a través de cambios en la legislación electoral.
Finalmente, Angelo Bonelli, portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, afirmó que la primera ministra es consciente de los problemas constitucionales que, según la oposición, presenta la reforma.
