El informe preliminar de la investigación administrativa sobre la muerte de Lyhanna, una niña de 11 años asesinada en el suroeste de Francia, revela errores judiciales y policiales que permitieron que el principal sospechoso, Jérôme Barella, permaneciera en libertad a pesar de haber sido denunciado previamente por violación de otra menor. Las conclusiones fueron presentadas por Stéphane Noël, director de la Inspección General de Justicia, y Jean-Michel Gentil, responsable de la Inspección General de la Gendarmería Nacional.

Los autores del informe destacan que la denuncia presentada en agosto de 2025 por una niña bajo el seudónimo de Rosa «no fue tratada como una prioridad». A pesar de la gravedad de las acusaciones y los indicios sobre la peligrosidad del sospechoso, el expediente fue enviado al tribunal de Auch en formato papel y sin ninguna indicación de urgencia, lo que provocó que permaneciera sin ser tramitado durante varias semanas.

El primer error identificado fue el envío del expediente por correo ordinario, a pesar de que existían mecanismos digitales para una transferencia más rápida. Esto causó que el caso no fuera considerado prioritario, y durante aproximadamente un mes y medio no fue asignado a ningún servicio de investigación, lo que representa el segundo error.

Cuando se decidió avanzar con la investigación, el tercer error fue que el Ministerio Público envió el expediente a un servicio de gendarmería que ya había renunciado a su competencia territorial. Esto resultó en nuevos retrasos, ya que el caso tuvo que ser reenviado a la brigada competente, lo que supuso una pérdida de aproximadamente cuatro meses.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Barella no fue interrogado ni detenido, lo que se considera el cuarto error en la cadena de deficiencias. La denuncia de Rosa incluía múltiples agresiones sexuales y contaba con respaldo médico y forense, así como antecedentes del sospechoso por comportamientos inapropiados con menores.

Los investigadores, sin embargo, desviaron parte de sus esfuerzos hacia la madre de la denunciante, quien tardó cerca de un año en presentar la denuncia, en lugar de actuar rápidamente contra Barella. El quinto error, según el informe, fue la falta de seguimiento por parte de la Fiscalía y la gendarmería, lo que llevó a que el expediente dejara de registrar actividad tras un intercambio entre investigadores y magistrados el 14 de febrero.

Las inspecciones identificaron «deficiencias en los controles internos» y una falta de supervisión efectiva por parte de los superiores responsables del caso. Aunque se atribuyen los fallos a errores individuales, asociaciones de protección de la infancia consideran que el caso refleja problemas más profundos en el tratamiento de denuncias por violencia sexual en Francia.

La muerte de Lyhanna ha reabierto el debate sobre la atención a las víctimas de agresiones sexuales y los recursos destinados a la protección de menores. Las conclusiones definitivas de la investigación administrativa se presentarán el próximo 5 de septiembre.