Las autoridades hondureñas confirmaron este jueves el asesinato de al menos 19 personas en un ataque armado perpetrado por hombres con uniformes de la Policía en una finca del Caribe hondureño, una zona afectada por el narcotráfico y conflictos agrarios. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que en un primer conteo se identificaron trece fallecidos y luego se sumaron seis personas más.

El ataque ocurrió en la madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, mientras las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana. Mora indicó que, tras la autopsia y la identificación de los cuerpos, estos serán entregados a sus familiares sin ser trasladados al Centro de Ciencias Forenses.

El número de fallecidos podría aumentar, ya que los peritos forenses continúan trabajando en la zona. Las labores de identificación se han complicado debido a que los familiares movieron los cuerpos antes de que llegaran las autoridades, lo que alteró la escena del crimen.

La Fiscalía advirtió que este crimen no quedará impune y se investigarán todas las líneas necesarias para esclarecer los hechos en esta conflictiva región, donde hay múltiples disputas por la tenencia de la tierra. Este conflicto se originó tras la venta de tierras otorgadas a labradores por una reforma agraria hace más de 50 años a grandes empresarios agrícolas.

Se señala que el expresidente Rafael Callejas (1990-1994), ya fallecido, contribuyó a la crisis al permitir que campesinos vendieran sus tierras a empresarios. En 2022, el Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, pero los esfuerzos han sido infructuosos.

Las autoridades locales informan que el problema agrario se ha agravado por la infiltración de grupos criminales y del narcotráfico. Horas después del ataque en Trujillo, cuatro policías y un civil fueron asesinados en Omoa, un municipio fronterizo con Guatemala, durante un enfrentamiento armado.

Ante estos dos crímenes múltiples, el Gobierno de Honduras ordenó la intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las regiones afectadas de forma inmediata.