La gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta de Senior, aclaró este jueves la situación sobre el posible uso temporal de las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes para albergar las oficinas de la Gobernación Provincial y de la Regional Norte de la Policía Nacional, una propuesta que ha suscitado debates en diversos sectores de la provincia.
Rochtte Peralta explicó que, en un principio, no estaba de acuerdo con trasladar dependencias estatales al centro de la ciudad, debido a las implicaciones que esto podría tener en el tránsito vehicular de Puerto Plata. Sin embargo, tras evaluaciones técnicas del edificio actual, se vieron obligados a buscar alternativas.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) determinó que el inmueble donde operan actualmente la Gobernación y la dotación policial presenta serios problemas estructurales, lo que llevó a la recomendación de evacuarlo de manera urgente para salvaguardar la seguridad de empleados y ciudadanos.
La gobernadora también mencionó que se evaluaron otras edificaciones en Puerto Plata, incluido el antiguo Hotel Montemar, aunque esta última se encuentra inservible. La falta de espacios adecuados y la negativa de propietarios privados a alquilar locales para uso policial llevaron a considerar la Escuela de Bellas Artes como una opción temporal.
A pesar de los cuestionamientos de sectores culturales, Rochtte Peralta enfatizó que las instituciones del Estado “no tienen dueños” y que las decisiones deben tomarse en función del interés colectivo. Además, informó que ha mantenido reuniones en Santo Domingo con representantes del Ministerio de Interior y Policía y del Ministerio de Cultura para coordinar una solución definitiva al problema.
La prioridad, según la gobernadora, es garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios públicos, incluso si las instituciones deben operar temporalmente desde contenedores u otras instalaciones provisionales. Finalmente, lamentó la difusión de informaciones erróneas sobre el proceso y señaló que gran parte de la controversia ha surgido dentro de las propias instituciones involucradas.

