El Congreso Nacional recibió un proyecto de ley que propone sanciones penales y económicas para quienes recluten menores de 18 años para actividades delictivas. La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República, establece penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 1,000 salarios mínimos del sector público para los infractores.

El anteproyecto busca sancionar integralmente estas prácticas y establecer medidas de prevención, detección temprana, protección, rescate, recuperación y reintegración social de los menores afectados. Además, se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en el reclutamiento.

Es importante destacar que los menores reclutados no serán penalizados por los delitos cometidos como consecuencia de su sometimiento a bandas delictivas. La legislación también prevé sanciones para empresas y entidades, y destina los bienes decomisados a programas de atención a las víctimas.

En una carta al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader subrayó que la aprobación de esta normativa fortalecerá el marco jurídico de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la captación por estructuras armadas y redes delictivas.

El artículo 10 del proyecto establece que los delitos de reclutamiento y utilización de menores serán sancionados con penas de reclusión de 15 a 20 años y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos. Además, el tribunal podrá imponer inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con el cuidado de menores.

Por otro lado, el artículo 15 eleva las penas a 20 a 30 años de prisión si el delito se comete contra menores de 14 años o si hay agravantes, como que el autor sea funcionario público o miembro de cuerpos armados del Estado, o si el hecho ocurre en centros educativos o de protección.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca crear un entorno más seguro para los menores y combatir de manera efectiva el reclutamiento en bandas delictivas.